Por: Emilio Guerra Díaz
El caso de Walmart ha destapado diversos comentarios y en una plática de sobremesa un amigo me hizo ese cuestionamiento ¡Puede una fundación empresarial contribuir a quitarle esas presiones a las empresas?
Una nota periodística señala que ciertas empresas “ven dañada su reputación por pagar sobornos y sacar adelante sus negocios”. El presidente Calderón expresó hace unos días que se sentía “indignado” con la actitud de la empresa Walmart. Pero para bailar, se necesitan dos. Yo, hoy como muchos, también nos sentimos indignados pero sobre todo con las autoridades públicas.
No es propósito de estas líneas defender a ninguna empresa, sino más bien tratar de sacar del círculo de confort a quienes como autoridad pública deberían estar trabajando para facilitar procesos que generen empleo que tanta falta hace para los mexicanos y disminuir aquellas nefastas prácticas.
Felipe Calderón llegó a las elecciones de hace 6 años con el mote promisorio de que sería el “presidente del empleo” y para lograrlo había que facilitar los procesos de apertura de negocios, de expansión empresarial a todos los niveles, micro, pequeña, mediana y gran empresa. Una de las principales banderas que debiesen a mi juicio enarbolar era precisamente crear condiciones para aperturar negocios lo más rápidamente posible, cerrando el paso a cualquier tentación.
Quienes crean empleos son los empresarios. Desafortunadamente otras ocupaciones distrajeron al presidente Calderón de trabajar en ese propósito y las empresas en México enfrentan, al igual que ciudadanos en diversas actividades, los obstáculos que se ponen y que toman forma de diversos trámites, muchos de ellos exageradamente largos, complicados y absurdos (los habitantes del DF vivimos recientemente la lata de tramitar la renovación de la tarjeta de circulación con chip que condicionó la exención del pago del impuesto de la tenencia vehicular. Nuevo trámite, nuevas posibilidades de corrupción. Incluso, recuerde el lector que la licencia vehicular permanente fue cancelada por la actual administración). La ausencia de una simplificación administrativa ha sido condición y la base para que germinen las prácticas de corrupción presentes en todos los gobiernos y a todos sus niveles y desde luego, de cualquier partido político. Ninguno se salva.
Algunos analistas políticos (por ejemplo los que participan en “El Centro del Debate”, canal 4, domingos 11:00 horas), señalan con justa razón que lamentablemente los escándalos de corrupción que salen a la luz no son resultado de una concienzuda investigación y labor de escaneo de nuestras autoridades, sino que han venido del exterior. Sólo dos casos ejemplifican esto: El caso de la Comisión Federal de Electricidad (Néstor Moreno Díaz) y el caso Walmart; ambos señalados desde Estados Unidos, el último de ellos por The New York Times. Lo que revela que en nuestro país no se hace la tarea.
Parte de la autoevaluación que hacen las empresas para considerar si su actuación es socialmente responsable tiene que ver con las prácticas de Gobierno Corporativo, donde se incluyen código de ética, relación con grupos de interés y prácticas anticorrupción, mismas que se enfatizan también dentro del Pacto Mundial. Pero en diversas ocasiones el mundo real, los escollos erigidos y la falta de rapidez de actuación en los mecanismos para denunciar que se han desarrollado en la Secretaria de la Función Pública, perpetúan estas prácticas. Que yo sepa la expansión de Walmart se ha dado en diversos estados de la república bajo el gobierno de los 3 principales partidos políticos.
Ahora bien, ¿cómo podrían ayudar las fundaciones empresariales al negocio en relación a las prácticas anticorrupción?
Conozco un caso ejemplar de disminución prácticas de corrupción de una fundación empresarial, de quien no tengo autorizado revelar nombre ni detalles, pero que en su afán de mejorar condiciones de los servicios públicos que ofrecían a sus clientes se requerían de permisos y acción directa de autoridades municipales, pero pedían una gratificación por adelantado para negociar con el cabildo a fin de obtenerla firma necesaria y los permisos para empezar los trabajos.
La fundación intervino y luego de analizar el caso, propuso a las autoridades superiores establecer una alianza ganar-ganar donde se pedía el favor de liberar los permisos pues en última instancia la comunidad sería la beneficiaria. Las autoridades intervinieron y resolvieron los trámites sin recibir beneficio económico alguno. La fundación empresarial en cambio, acabó por invertir un monto similar a la “atenta solicitud de aquella gratificación” en proyectos sociales.
Bien administrada y sobre todo involucrada en las necesidades del negocio, una fundación empresarial resulta ser un gran aliado contra esas tentaciones.
Desde el Consejo Directivo
Novartis celebró el pasado 27 de abril a nivel mundial el Día de la Solidaridad. La firma estimuló la participación de colaboradores de 54 países para ser voluntarios para faenas de saneamiento ambiental, actividades medioambientales y culturales. Los voluntarios españoles fueron los más activos del total de 25 mil personas de todas las naciones que se involucraron, mientras que México, según los datos periodísticos, sumó 150 colaboradores. Da gusto ver que las actividades del voluntariado corporativo van en aumento.
Emilio Guerra Díaz
Emilio Guerra cuenta con amplia experiencia en la Gestión de la RSC, destacando su trabajo en el área de vinculación con la comunidad que potenciar la inversión social empresarial. Ha gerenciado fundaciones empresariales.
