En México 8.8% de la población piensa que la corrupción es una práctica frecuente o muy frecuentemente entre los servidores públicos. Y esta percepción mantiene a México a nivel mundial dentro del ranking 124 de 180, donde 1 es el menos corrupto y 180 el más corrupto. Ante la situación actual, el gobierno ha buscado apostar por las fintech como aliadas contra la corrupción. ¿De qué va esta alianza? ¿es lo qué necesita el país para recobrar la confianza en las instituciones públicas? Te contamos.
¿Cuál es el impacto de la corrupción en México? de acuerdo con el INEGI el impacto de la corrupción es mayor en la población que en las empresas. Pero el costo promedio de soborno es superior en las empresas. Las repercusiones por estas acciones se manifiestan de diferentes formas; por ejemplo, en la disminución de la inversión extranjera, en la informalidad de los negocios, dificultan la libre competencia; además de la perdida de confianza y credibilidad en las instituciones públicas.
El costo total por actos de corrupción en millones de pesos fue de 6,419 para la población y de 1,612 para las unidades económicas o empresas, mientras que el costo promedio de un acto de corrupción fue de 2,799 pesos por adulto víctima y de 12,243 por empresa víctima.
Deloitte
Dadas las circunstancias, no es de asombrar que en México 60% de la fuerza laboral esté empleada informalmente. Según un articulo del portal Global Financial Integrity, la desconfianza en las instituciones públicas impulsa a los dueños de negocios de manera informal. Las Pymes pueden percibir que el pago de los impuestos es mayor al costo del soborno.
Y así lo subraya la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE) 2016; los resultados arrojaron que 64.6% de los establecimientos dijo verse orillado a participar en actos de corrupción para agilizar algún trámite, mientras que 39.4% señaló como motivo el evitar multas o sanciones.
87% de los municipios rurales no tienen cajeros automáticos y las regulaciones bancarias siguen siendo una barrera para muchos. A partir de 2017, solo el 37% de la población mexicana estaba bancarizada.
Las fintech y su regulación
Para hacer frente a estos desafíos, México ha buscado apostar cada vez más por las Fintech.
Pero, qué son exactamente las fintech, de acuerdo con la página de la organización Asociación FinTech de México las define así:
FinTech es una industria naciente en la que las empresas usan la tecnología para brindar servicios financieros de manera eficiente, ágil, cómoda y confiable. La palabra se forma a partir de la contracción de los términos finance y technology en inglés.
Además este tipo de empresas ofrecen diversos servicios financieros; y pueden ir desde servicios directamente a usuarios del sistema financiero; además de diseñar soluciones para otras empresas; por ejemplo: Medios de pago y transferencias, Criptomonedas y blockchain, Infraestructura para servicios financieros, Entidades financieras disruptivas, por citar algunos.
El interés por las fintech ha incluido la habilitación regulatoria para la innovación de la industria hasta el establecimiento de 140.000 cajeros automáticos criptográficos Bitso con mayor distribución en áreas rurales.
60% de la población posee un teléfono y el 95% tiene 3G. Con la instalación de cajeros automáticos Bitso en muchas tiendas de conveniencia rurales, los mexicanos tienen acceso a 164 cajeros automáticos criptográficos por cada uno al que los estadounidenses tienen acceso.
Ciertamente la legislación de Finches ha favorecido a mexicanos que fueron excluidos de la banca formal; y actualmente tienen acceso a servicios financieros tanto de forma dependiente como independiente de las instituciones financieras.
Sin embargo, aunque han favorecido la inclusión financiera, aún está muy presente el tema de la corrupción. Pero, ¿pueden las fintech ser aliadas contra la corrupción en México?
¿Son las fintech aliadas la respuesta contra la corrupción?
Según el artículo del portal Global Financial Integrity, más de la mitad de los casos de soborno extranjero en México ocurren en contratos públicos ( 57% ). Por ello, a través del uso de una tecnología financiera que es una transcripción digital inmutable, descentralizada y autoejecutable de un contrato; se busca eliminar las acciones de corrupción derivadas de los mismos.
Un ejemplo de ello es la inversión en la tecnología Blockchain, que busca diseñar soluciones técnicas para combatir la corrupción de contratos públicos.
La OCDE también reconoce a las Fintech como una herramienta para combatir la corrupción y para servir en las investigaciones.
Sin embargo la rápida apertura de esta industria también puede derivar en otros delitos financieros. Por ello no dejan de presentar un riesgo debido a la poca o nula seguridad jurídica, consecuencias fiscales inciertas y ninguna normativa de protección al consumidor.
Si bien la Ley Mexicana de Fintech contiene estándares contra el lavado de dinero y conozca a su cliente, varios aspectos de la nueva ley están menos regulados en comparación con las instituciones financieras formales.
Estas preocupaciones también han sido manifestadas por la comunidad internacional; piden a México alinearse a los tratados y convenios internacionales en materia de prevención de delitos. Asimismo, acciones ilícitas como lavado de activos y financiamiento del terrorismo, entre otros, también deberían ser aplicables a las empresas FinTech.
Asimismo, la rápida evolución de estas empresas, derivado de los continuos avances tecnológicos, augura una fuerte transformación del mercado en el futuro.
Sin embargo, aunque las nuevas tecnologías pueden ofrecer un gran apoyo en la transparencia financiera y reconstruir la confianza en las instituciones públicas aún falta mucho por hacer. Los complejos problemas de gobernabilidad y seguridad en México apuntan a abordar la corrupción desde diferentes ángulos.
