Llaman a mejorar la protección de los trabajadores a partir de los acuerdos internacionales
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) recomendó a México hacer algunas adecuaciones a las leyes laborales para mejorar la protección de los trabajadores, a partir de los acuerdos internacionales asumidos por esta organización entre 2002 y 2012 y que se refieren a enfermedades profesionales, desarrollo de recursos humanos, relación de trabajo, VIH y sida, así como pisos de protección social.
Las recomendaciones fueron enviadas por la Secretaría de Gobernación al Senado, para que sus comisiones hagan la valoración para que México se apegue a estas disposiciones.
En la Recomendación 194, sobre la Lista de Enfermedades Profesionales y el Registro y Notificación de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, dice que la “autoridad competente debería tener debidamente en cuenta el Repertorio de recomendaciones prácticas sobre el registro y notificación de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, de 1996, y otros repertorios de recomendaciones prácticas o guías relativos a este tema que la OIT pueda aprobar en el futuro”.
Añade que “la autoridad competente debería elaborar una lista nacional de enfermedades profesionales a los fines de la prevención, registro, notificación y, de ser procedente, indemnización de las mismas, mediante métodos adecuados a las condiciones y prácticas nacionales y, de ser necesario, por etapas y previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores más representativas”.
Y sugiere revisar las enfermedades causadas por agentes químicos, por cadmio, por fósforo, cromo, manganeso, arsénico, mercurio, plomo, flúor, disulfuro de carbono, derivados halogenados de los hidrocarburos alifáticos o aromáticos, benceno o sus homólogos, entre varios más.
La Recomendación 195 Sobre el Desarrollo de los Recursos Humanos: Educación, Formación y Aprendizaje Permanente dice que “los miembros deberían, sobre la base del diálogo social, formular, aplicar y revisar unas políticas nacionales de desarrollo de los recursos humanos, educación, formación y aprendizaje permanente que sean compatibles con las políticas adoptadas en los ámbitos económico, fiscal y social.
Plantea que “se faciliten el aprendizaje permanente y la empleabilidad y formen parte de una gama de medidas de orden político destinadas a crear empleos decentes y a alcanzar un desarrollo económico y social sostenible”.
Añade que la política nacional debería incluir, por lo menos, medidas tendentes a proporcionar a los interesados, en particular a los empleadores y los trabajadores, orientación sobre la manera de determinar eficazmente la existencia de una relación de trabajo y sobre la distinción entre trabajadores asalariados y trabajadores independientes.
Fuente: Excelsior
