Autoridades prohíben su manejo, pero no definen a dónde serán enviados para su resguardo. Se han perdido más de 2 mil trabajos: Unión de Cirqueros.
A pesar de que entrará en vigor a partir de junio, la ley que prohíbe el uso de animales en circos ha generado que 70 de esas carpas hayan cerrado.
Armando Cedeño, presidente de la Unión Nacional de Empresarios y Artistas de Circo, mencionó que se tiene un estimado de 70 circos en todo el país que han cerrado sus puertas a consecuencia de las modificaciones a la ley.
Con ello, dijo, se perdieron unos 2 mil empleos y hay 14 mil especies a la deriva, como son perros, chivos, elefantes, dromedarios, tigres, jirafas y leones, entre otros.
Al respecto, Rubén Escamilla, diputado local y secretario de la Comisión de Medio Ambiente en la Asamblea Legislativa, indicó que la nula claridad en las reformas a la Ley de Espectáculos Públicos del DF y a escala nacional no permiten tener claridad sobre qué ocurrirá con los animales de espectáculos de circo, cuya aparición está prohibida.
Expuso que presentará un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente federal que detalle cómo se compensará a los dueños de estas especies salvajes y domésticas.
Además pide que explique cómo es que el gobierno capitalino se hará cargo de los animales que no puedan conservar los empresarios circenses.
Mencionó que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) miente cuando afirma que las especies serán llevadas a un «mejor resguardo», lo cual hasta el momento no ha ocurrido y se evidencia cómo la autoridad federal competente se ha convertido en cómplice.
«El resultado es que los animales salen de los circos por un supuesto maltrato a un lugar mejor, lo que coloca en entredicho la actuación de los senadores y diputados federales que aprobaron sin conocer la auténtica realidad de los circos y los animales de los circos».
El integrante de la bancada del PRD en la ALDF añadió que las reformas legales que presentó el PVEM contravienen lo dispuesto por el artículo 14 Constitucional que expresamente establece que nadie puede ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos.
Fuente: Milenio
