La polémica sobre el uso de la prenda se reabre mientras se incumplen los planes de eficiencia energética – España es aún un país derrochador.
El Congreso se embarranca estos días sobre la idoneidad de prescindir de la corbata para ahorrar energía en aire acondicionado mientras las diputadas asisten a la Cámara con vestidos que se traducen en helarse de frío. «Es un debate estúpido», lamenta Antonio Turiel, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, experto en cuestiones energéticas.
La mayoría de sesiones se producen con la sala climatizada por debajo de los 25 grados centígrados, vistan los diputados con faldas o corbatas. Pero el ministro de Industria, Miguel Sebastián, lleva tres veranos sin corbata en el Congreso para reivindicar un menor consumo energético; y el presidente del Congreso, José Bono, suma otros tantos estíos enojado por ello. Ambos se enfrentaron el miércoles por enésima vez a cuenta del uso de la prenda. ¿Corbata o cuello al aire? «Como prefieran, el problema del derroche energético en España es mucho más grave», dice José Maria García Casasnovas, vocal de la Comisión de Energía del Colegio de Ingenieros.
El Congreso arrastra la polémica de la corbata desde hace casi tantos años como las distintas Administraciones incumplen la normativa de ahorro energético; el mismo periodo que tarda en concretarse la Ley de Eficiencia Energética, aún en fase de anteproyecto de ley. «La urgencia del Congreso debería ser otra», avisa Turiel. «Si España no reduce el despilfarro energético, puede tener problemas de suministro el año que viene. Usar corbata o no llevarla no tiene tanta influencia».
Más allá de la prenda, la necesidad de la eficiencia energética se explica por dos factores clave: a menor consumo, menor volumen de emisiones de dióxido de carbono (CO2), gas que contribuye al cambio climático; y también menor gasto en la factura energética y la dependencia exterior de fuentes como el petróleo o el gas natural. España depende energéticamente del exterior más que la media europea y ahorra menos energía que la mayoría. El país que se enfrasca en debates de corbata depende en un 75% de la energía producida en el exterior cuando la media de la UE es del 60%, según Industria.
No parece grave, a tenor de las discusiones que vuelven al Congreso cada verano: «¿A quién le molesta esto de no llevar corbata, más allá de a las eléctricas?», preguntó anteayer Sebastián y recordó que se ha inspirado en el presidente de Japón Junichiro Koizumi, que en 2005 prescindió del lazo para impulsar el consumo energético responsable. «Los que mandan deben dar ejemplo», contestó Bono, que ya envió una corbata a Sebastián el primer día que este se presentó sin la prenda. «No sé si ante el emperador de Japón el presidente irá también sin corbata», insistió Bono.
Quizá se equivoque: Tokio ha liquidado prácticamente las corbatas este verano, precisamente por problemas energéticos. Antes del terremoto del pasado marzo, las centrales nucleares suministraban el 30% de la electricidad de Japón. En mayo, la cifra cayó al 20%. Las autoridades han ordenado ahora reducir el 15% el consumo de electricidad y han pedido a los ciudadanos que aligeren sus ropas para ahorrar en aire acondicionado. Más que una recomendación temporal, debe ser «un acontecimiento para cambiar el estilo de vida de los japoneses», sostiene el Gobierno nipón.
Un cambio similar sería ideal para España, destacan los expertos. «Somos un país energéticamente derrochador», precisa Casasnovas. «La cuestión de la corbata son puros fuegos artificiales, hay mucho por hacer en materia de ahorro energético», señala. El nivel de eficiencia energética en España es relativamente peor en 2011 que tres años atrás, según informes del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, organismo dependiente de Industria. «Lo más grave es que en lugar de mejorar en ahorro energético, estamos retrocediendo», detalla Casasnovas. «El Gobierno arrastra varios compromisos legislativos que no se concretan o no se cumplen, hay numerosas regulaciones que se incumplen sistemáticamente», protesta el ingeniero. La tendencia, combinada con el aumento de precios del petróleo y otras fuentes energéticas, parece mantenerse: al precio actual, las importaciones en energía rondarán los 46.000 millones de euros este año frente a los cerca de 34.000 millones en 2010. «Bono y Sebastián deberían ser pragmáticos y discutir sobre otras cosas», ruega Casasnovas.
Pero los artificios de la corbata prosiguen tres años después, en una cascada de polémicas que los expertos atribuyen más a una especie de desafío personal entre Bono y Sebastián que a una voluntad de mentalizar a la gente sobre la necesidad de mejorar la eficiencia energética. La temperatura de la Cámara durante la intervención de Sebastián de anteayer, de hecho, era anómalamente elevada, según admitieron después varios diputados. «Confío en que cumpla la norma que regula la temperatura en los edificios públicos todos los días», subrayó Sebastián. Pero no se cumple: el Consejo de Ministros aprobó en noviembre de 2009 un real decreto que limitaba la temperatura en los espacios públicos.
La climatización en los edificios gubernamentales no puede superar los 21 grados en invierno para evitar abusos de la calefacción; ni registrar una temperatura inferior a los 26 grados en verano, para evitar una potencia excesiva del aire acondicionado. Basta con pasearse por cualquier ministerio en cualquiera de estas estaciones del año para certificar que el incumplimiento de la norma es la regla general. Los funcionarios pueden vestir camisetas relativamente ligeras en invierno, los periodistas se constipan durante las ruedas de prensa celebradas en verano. La normativa se ignora pese a que cada grado más de temperatura supone un ahorro energético del 7%, destaca Industria. Este ministerio, que asegura que sí cumple con la normativa, precisa que ahorra unos 250.000 euros al año por este motivo. «El ciudadano no tiene por qué pagar los excesos de consumo energético», insiste Sebastián.
La misma norma afecta a establecimientos como teatros, cines y salas de exposiciones, además de aeropuertos, estaciones y a locales como bares, restaurantes y cafeterías. Los edificios destinados a estos usos están además obligados a informar de la temperatura en una pantalla visible para el público, lo que también se incumple en casi todos los casos.
Otras medidas, como la reducción de velocidad en las circunvalaciones de las grandes ciudades, prevista desde 2008, no se han puesto en marcha. El decreto que desde ese año obliga a las grandes ciudades españolas a desarrollar farolas con mayores niveles de eficiencia energética se ha seguido de forma irregular -cada ciudad gestiona el asunto a su manera, sin que el ministerio controle el cumplimiento de la norma-, mientras que la declaración de intenciones de Fomento de reducir en el 50% el consumo de iluminación de autovías se quedó en un anuncio. El plan de bombillas de bajo consumo que Industria aprobó ese mismo año, por otro lado, ha reducido en el 6% la importación de petróleo, siempre según datos del ministerio, que resultan casi imposibles de contrastar.
Aunque el ministerio destaque la eficacia de su plan, no es suficiente. «Sobran intenciones y normas, pero casi nunca llegan a concretarse», opina Javier Ruiz, del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales. El pasado marzo, el Gobierno se implicó en una nueva ofensiva para reducir el consumo eléctrico del país a través de un plan aprobado por el Consejo de Ministros. De nuevo, anunció que Fomento reducirá a la mitad la iluminación de las vías. «La misma intención que difícilmente se concretará», insiste Ruiz.
Al margen de repetir medidas incumplidas, el nuevo plan se compromete a sustituir los semáforos de luces incandescentes por aparatos con lámparas led, de menor consumo, y cambiar unos 120.000 puntos de luz de los cerca de 2.200 municipios del país con menos de 200 habitantes en menos de cinco años. También pretende obligar a las 295 localidades con más de 25.000 habitantes a cumplir el decreto para implantar farolas más eficientes desde el plano energético.
Se trata de propuestas ambiciosas en tiempos de crisis: los municipios ya han adelantado que no podrán aportar ni un euro, mientras el Gobierno pretende que las empresas de servicios energéticos adelanten la inversión de forma gratuita para cobrar luego con el dinero que ahorren los Ayuntamientos. De lograrse un cumplimiento del 100% de estas medidas, el Ejecutivo estima que evitará la emisión de 12,5 millones de toneladas de CO2 y ahorrará 2.300 millones de euros al año, el equivalente al 5% de las importaciones de petróleo. Otra previsión que suele ser imposible de confirmar con el tiempo.
«Hacen falta acciones de mayor calado: la electricidad es solo una quinta parte de la energía que se consume, por lo que no podemos distraernos del problema de suministro de petróleo», señala Turiel. «En cualquier caso, ilustra la urgencia de mejorar en eficiencia energética ante un problema estructural grave», añade Casasnovas. Esta urgencia no es exclusiva de España: la Comisión Europea presentó el pasado junio una dura directiva sobre Eficiencia Energética que pretende reducir el consumo energético el 20% en solo nueve años. La Comisión sabe que cada vez que un ciudadano europeo deja la luz abierta regala fajos de billetes a Rusia, Venezuela o Argelia -países que exportan gas natural y petróleo a Europa-. Dejarse las luces encendidas o abusar del aire acondicionado debilita la competitividad de la UE y empobrece a sus países miembros, que cargan con facturas energéticas cada vez más abultadas que lastran el crecimiento económico
«El derroche tiene un coste industrial, empresarial y ciudadano muy elevado», destaca Casasnovas. «El problema es que cuesta que los ciudadanos se mentalicen sobre ello». Puede que los rifirrafes entre Sebastián y Bono contribuyan en cierto modo a que los españoles visualicen el problema del derroche energético; pero no basta para resolverlo.
Medidas contra el derroche energético
– Regular la temperatura en el interior de los edificios: los centros públicos, cines, centros comerciales y restaurantes no deben exceder los 21 grados centígrados en invierno ni bajar de los 26 grados en verano. Cada grado supone un gasto energético del 7%, según Industria.
– Limitar la iluminación de las vías públicas en cerca del 50%. El plan, que debía realizar el Ministerio de Fomento en 2008, ha vuelto a anunciarse este año sin que se hubiera concretado ninguna medida.
– Reducir el límite de velocidad en las circunvalaciones de las grandes ciudades para reducir el gasto en combustible.
– Sustituir los semáforos de luces incandescentes por otros aparatos que empleen luces led, de menor consumo.
– Renovar unos 120.000 puntos de luz en los municipios de menos de 200 habitantes dentro de cinco años.
– Implantar farolas más eficientes en grandes ciudades y localidades de más de 25.000 habitantes.
– Distribuir bombillas de bajo consumo para reducir un gasto equiparable al 6% de la importación de petróleo, según datos de Industria.
– Incentivar a los ciudadanos a compartir coche para los desplazamientos laborales.
Fuente: El País.com
Por: Ferran Balsells.
Publicada: 22 de julio de 2011.
