Los organismos industriales vuelven a unirse, en ésta ocasión para evitar que los legisladores aprueben el proyecto de Ley General de Cambio Climático, pues argumentan que provocará el cierre de decenas de empresas de todos los tamaños.
La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) se sumaron a la lucha de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (Canacero) para evitar que los legisladores cometan un error al aprobar esa ley.
Hacen un llamado a los legisladores á sentarse con los empresarios para rediseñarla y que no desmantele aún más al aparato productivo.
Salomón Presburger Slovik, presidente de la Concamin, sostuvo que ese proyecto de ley «viene muy duro para la industria mexicana, y difícilmente podrá cumplirse».
Precisó que en el tema de cambio climático, México aporta aproximadamente 1 por ciento de contaminación mundial, cuando Estados Unidos, China e India lo hacen en 30 por ciento.
Sergio Cervantes Rodiles, presidente de la Canacintra, advirtió que el aparato productivo no cuenta con los recursos para reconvertirse tecnológicamente y reducir las emisiones contaminantes.
Si el Congreso decide aprobar la Ley General de Cambio Climático, lo primero que debe hacer es establecer en la iniciativa los tiempos que otorgará al aparato productivo para la reconversión tecnológica.
«Que no pretenda que los industriales harán los cambios de la noche a la mañana, pues no tienen dinero, porque su situación económica se torna cada vez más difícil». Los legisladores deben tener presente que no sólo se cerrarán empresas, sino también se perderán cientos de empleos, sentenció Cervantes Rodiles.
Limitaciones Los industriales coinciden en que esa iniciativa de ley plantea limitaciones al uso de la energía proveniente de combustibles, lo que disminuye drásticamente las oportunidades de crecimiento de la producción fabril, tanto por impedir la apertura de nuevas fuentes de empleo como de causar el cierre total o parcial de empresas actualmente en operación.
Provoca la pérdida de competitividad para las empresas del país, al establecer una carga fiscal adicional a los combustibles, mecanismo que no aplican los principales competidores de México.
También impone camisas de fuerza legales que implican afectaciones en su operación a empresas de servicios como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que generará encarecimiento de las ya de por sí altas tarifas eléctricas del país, con afectación a la población en general y mayor pérdida de competitividad industrial.
Además, la iniciativa fue elaborada sin el consenso de los sectores productivos para establecer metas de reducción de emisiones realistas, lo que se traduce en el establecimiento de objetivos incumplibles.
Fuente: El Financiero, Economía, p. 19.
Por: Isabel Becerril.
Publicada: 19 de diciembre de 2011
