Erika Barón
Han pasado casi 7 años desde que la mina Buenavista del Cobre (BVC), perteneciente a Grupo México, derramó 40 millones de litros de metales pesados en los ríos Sonora y Bacanuchi, en el estado de Sonora, un hecho que se convirtió en el peor desastre ambiental minero en la historia de México y al cual no se ha dado un remedio efectivo por el impacto socio-ambiental que provocó en la zona.
Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, este miércoles, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores González, detalló que este desastre afectó 288.8 kilómetros y provocó daños económicos, ambientales y sociales a 22 mil habitantes.
Informó que en lo que va de la administración no se han otorgado nuevas concesiones para minería y exigió a las empresas mineras que respeten el medio ambiente, se consulte a las comunidades y respeten su voluntad, además de que aporten los impuestos justos por aprovechar bienes que son de la nación y del pueblo de México.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), de 142 Áreas Naturales Protegidas en la superficie terrestre de México, 68 tienen concesiones mineras, lo que abarca 1.5 millones de hectáreas, equivalentes a 7.7% de la superficie protegida.
“En total, mil 609 concesiones mineras que se traslapan en territorios de áreas naturales protegidas en diferentes categorías; 75% con una categoría de áreas de protección de recursos naturales, 63% de reserva de biosfera, 45% de las áreas de protección de flora y fauna, 22% en santuarios y 15% en parques nacionales”, aseveró.
En cuanto a los proyectos mineros, informó que hay 503 en exploración, 96 de producción, 49 en desarrollo, 523 en revisión y seis que han cerrado; en total, el 11% del territorio del país tiene concesiones de 50 hasta 100 años.
Cabe mencionar que, de acuerdo con información de la dependencia, el 22 y 23 de mayo la Procuraduría Federal de Protección del Medio Ambiente (Profepa) realizará, junto a Grupo México y comunidades afectadas, las mesas informativas sobre el derrame de sulfato de cobre acidulado en el Río Sonora en 2014.
Esta reunión tendrá como propósito que las comunidades afectadas tengan la oportunidad de cuestionar a las autoridades y los representantes de Grupo México el por qué se ordenó la extinción del fideicomiso Río Sonora, que tenía recursos por 2 mil millones de pesos para apoyar a la comunidad y el cual no fue respetado.
Detalló que en septiembre del 2014 se firmó un convenio entre Profepa y empresas responsables para remediar, reparar, compensar los daños ambientales, materiales y de salud pública, por lo que crearon un fideicomiso con dos mil millones de pesos y el cual concluyó que los objetivos de los programas de remediación habían sido cumplidos, por lo que devolvieron alrededor de 800 millones de pesos del fideicomiso creado a Grupo México.
Por esta razón aseguró que las acciones de Semarnat para resarcir el daño que ha tenido el territorio y las comunidades serán:
- Visitas cuatrimestrales de monitoreo a las actividades mineras, así como para hacer la revisión de la calidad del agua.
- Reformular el comité técnico del fideicomiso para retomar los trabajos de remediación, atención a la salud y reactivación económica pendientes.
- Verificar y retomar el ejercicio de recursos devueltos a la empresa al determinar la conclusión de los trabajos de remediación.
- Continuar las investigaciones derivadas de las denuncias en contra de varios servidores públicos por actos y por omisiones.
Oro y plata
Durante el informe, María Luisa Albores resaltó que, en cuanto a la extracción de oro y plata, de 2006 a 2018 se han recuperado más de mil 59 toneladas de oro y 48 mil 626 toneladas de plata y se otorgó el 75% de las concesiones mineras a empresas extranjeras.
De acuerdo con la funcionaria, estas cantidades son seis veces más altas que la extracción de oro que se llevaba a cabo durante el periodo colonial y 90% mayores, en el caso de la plata, que las de ese periodo comprendido por 300 años; “tan sólo en 2015 se tuvo una explotación de más de 123 toneladas de oro”.
Explotación del agua
Otro recurso muy importante que utiliza la minería es el agua utilizada, informó Albores, pues existen aproximadamente 100 empresas con concesiones de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales y permisos de descarga, lo que equivale a 250 millones de metros cúbicos anuales de agua.
La extracción del agua, explicó, se puede colocar en dos categorías en los volúmenes que utilizan anualmente las mineras, la principal fuente de extracción es el agua subterránea, con 174 millones de metros cúbicos anuales, mientras que el agua superficial se extrae en 73 millones de metros cúbicos anuales.
“El agua en el desierto se usa para minería en estados que están justo en zona de desierto, como el caso de Sonora, Zacatecas y Durango, además de Colima, que tienen las concesiones más grandes para agua”.
Impactos sociales y ambientales
La funcionaria indicó que la actividad minera es una actividad económicamente importante pero que tiene un impacto significativo en el medio ambiente, en los territorios, en las comunidades y en la gente que vive en estos territorios, “por lo cual es una obligación del Estado regular esta actividad”.
“Hay dos tipos de minería: la que es de túneles y la minería a tajo abierto y a cielo abierto, la cual quedó prohibida en nuestro país desde que nuestro Presidente comentó que se prohibía; entonces, no se ha dado ni un solo permiso por parte de la Secretaría del Medio Ambiente”, resaltó.
En la fase de exploración, indicó, hay una pérdida de la cubierta vegetal, hablamos de flora y hablamos de fauna, alteraciones de la calidad del aire y alteraciones del relieve y escurrimientos superficiales pues se va la primera capa del suelo.
Lo anterior provoca una alteración de la calidad del aire, generación de drenaje ácido y movilización de elementos tóxicos por el material expuesto, además de alteraciones de relieve y escurrimientos superficiales, alteraciones de aguas subterráneas, generación de vibraciones sísmicas y ruido por voladuras y contaminación por sustancias de proceso o materiales depositados.
“Hablar un poco de minería también es hablar un poco de desigualdad social” aseguró, e indicó que la dependencia que representa ha encontrado conflictos socioambientales debido a la complicidad de gobiernos y las empresas mineras que “han arrasado con ecosistemas y cuencas hidrológicas, contaminando regiones enteras”.
“Cuando hablamos de contaminación ambiental repercute directamente en la salud de los habitantes. Hay mineras que recurren, que recurrían a métodos ilegales para establecerse y esto ha generado conflictos sociales por violación a los derechos, despojo de tierras y los recursos de las comunidades”, aseguró.
Refirió que existen unas 100 empresas con concesiones de explotación, uso y aprovechamiento de aguas nacionales, y se han construido 466 presas de “jale”; “en México se tiene un registro de 23 incidentes en 33 años por algún problema en las presas de Jale; son represas de agua con residuos provenientes de las actividades mineras y con un fuerte impacto ambiental y social”, aseguró.
