Dos años después de que organizaciones de la sociedad civil urgieran a la creación de un mecanismo para proteger a los defensores de derechos humanos, aún no se adopta debido a la falta de un compromiso del gobierno federal que se concrete más allá de los discursos políticos, consideró Agnieszka Raczynska.
«No vemos avances por parte de las autoridades en cuanto a acciones que permitan poner fin a la impunidad. Seguimos presenciando la falta de investigaciones y obviamente si no hay investigaciones no podemos frenar la cadena de agresiones contra defensores», indicó en entrevista la secretaria ejecutiva de la Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos.
«Para el año 2012 la Secretaría de Gobernación (Segob) cuenta con 26 millones de pesos para diseño e instrumentación de protección a periodistas y 2.5 millones de pesos para periodistas y defensores. A la fecha no se nos ha explicado cómo se operará y tampoco la distribución de ese escaso recurso para los defensores amenazados a lo largo del país», agregó.
Desde 2010, recordó, se iniciaron las pláticas con la Segob para establecer un mecanismo efectivo de protección a los defensores de derechos humanos ante los crecientes objetos de que eran objeto.
Las organizaciones civiles, detalló, entregaron un documento con sus sugerencias para diseñar el mecanismo.
Posteriormente, en junio del 2011, el Presidente Felipe Calderón anunció ante la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, el acuerdo para establecer las medidas de protección.
A la fecha, reprochó, la Segob no se ha comprometido con puntos cruciales como la conformación del comité que analizará los riesgos de los defensores, ni se ha definido cuál será la responsabilidad de los gobiernos locales con el mecanismo y cómo la dependencia federal logrará la coordinación de acciones.
«Para el año 2012 la Secretaría de Gobernación cuenta con 26 millones de pesos para diseño e instrumentación de protección a periodistas y 2.5 millones de pesos para periodistas y defensores. A la fecha no se nos ha explicado cómo se operará y tampoco la distribución de ese recurso escaso para los defensores amenazados a lo largo del País», señaló.
Raczynska agregó que no se ha definido cuál será la autoridad responsable del mecanismo, pues si bien en un inicio se dejó en manos de la Unidad de Derechos Humanos de la Segob, en la última propuesta entregada por la Secretaría se agregó a la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos (ProVíctimas).
Tampoco existe un manual de procedimientos que oriente sobre la evaluación del riesgo en que se encuentre el o los defensores amenazados, o el papel de la Procuraduría General de la República (PGR) en las investigaciones.
«No nos han dado luces concretas para saber cómo se protegerá a nuestros compañeros. Se ha dicho que pronto será anunciado, pero eso nos han dicho desde el año pasado», insistió.
En su Informe de Actividades 2011, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reportó que el año pasado recibió 59 quejas por agresiones cometidas contra defensores de las garantías individuales.
Se documentaron, detalló, violaciones a los derechos a la vida, integridad, seguridad, reunión, circulación, debido proceso, propiedad y libertad de expresión en perjuicio de su trabajo cotidiano.
La CNDH solicitó la implementación de medidas cautelares de protección en 16 casos.
Apenas el pasado 3 de febrero, solicitó a la Segob medidas cautelares en favor de la activista chihuahuense Norma Andrade, quien ha sido víctima de dos ataques.
Remarcó que es deber de los servidores públicos federales, estatales y municipales brindar atención expedita y profesional a quienes han sido víctimas del delito, además de esclarecer los casos para erradicar la impunidad y fortalecer el Estado de Derecho.
Fuente: Reforma.com
Por: Daniela Rea.
Publicada: 17 de febrero de 2012.
