Por Helena Ancos
En la primera parte de este post nos preguntábamos si la idea de la Unidad de Mercado que rige el Plan Nacional de RSE, procedía de un análisis riguroso del estado de la RSE en nuestro país y de las implicaciones de ésta para el futuro desarrollo de las políticas implicadas en el Plan Nacional.
Reconociendo la necesidad de un marco que asegure la igualdad de condiciones para competir, también afirmábamos que la unidad no suponía uniformidad sino que era deseable la promoción de comportamientos que elevaran el nivel de competitividad empresarial.
Partidarios de la voluntariedad de la RSE, la CEOE y el informe de Aldo Olcese para la Oficina del Parlamento Europeo en España, han apostado por esta idea. ¿Pero suponen las iniciativas existentes en las CCAA amenazas que justifiquen esta intervención normativa? Veamos algunas de las más significativas.
El Gobierno extremeño aprobó en julio la creación del Consejo Autonómico para el Fomento de la Responsabilidad Social de Extremadura y la Oficina de Responsabilidad social empresarial, integrados ambos en la Consejería de Trabajo. La creación de ambos organismos estaba contemplada en la Ley 15/2010 de 9 de diciembre de Responsabilidad Social Empresarial de Extremadura. Las principales medidas previstas son:
– La creación del Registro de empresas socialmente responsables de Extremadura, en el que se inscribirán las empresas y trabajadores autónomos que hayan obtenido la calificación de “Socialmente responsables de la Comunidad Autónoma de Extremadura”.
– La Oficina de RSE tendrá como funciones: informar a las empresas y trabajadores autónomos sobre la RSE, en particular sobre la elaboración de informes o memorias de sostenibilidad, sobre los mecanismos para evaluar el grado de implantación de la RSE en las mismas, y sobre la forma en que pueden obtener la calificación de “empresa socialmente responsables de Extremadura”, así como su inscripción en el registro de Empresas socialmente responsables de Extremadura.
– La Consejería de Trabajo prestará asesoramiento a la Agencia Extremeña de la Energía para realizar estudios sobre biomasa.
Por su parte, el Gobierno vasco ha promovido una iniciativa de medición del impacto de la innovación social, RESINDEX, promovida por Innobasque, la Agencia Vasca de la Innovación. A nivel local, un total de quince de ayuntamientos comenzarán a aplicar, en el marco de una experiencia piloto que se extenderá al resto de consistorios, un “Código ético de conducta, buen gobierno y compromiso por la calidad institucional de la política local vasca”.
El Gobierno de Navarra aprobó en marzo de este año el proyecto de ley foral que regula los incentivos fiscales a personas, empresas e instituciones que realicen aportaciones económicas para la ejecución de “proyectos socialmente responsables”. En el ejercicio de las competencias reconocidas en su régimen fiscal especial, la norma “se pretende orientar las políticas sociales del Gobierno de Navarra hacia el desarrollo y la autonomía personal de una serie de colectivos desfavorecidos o que se encuentran en especial dificultad, como las personas discapacitadas, determinados grupos de mujeres y, en general, personas en riesgo de exclusión social“. En función de ello, se otorgan beneficios fiscales a los proyectos que cuenten con el sello “Comprometido Socialmente” así como las aportaciones a fundaciones y por patrocinios.
En otro ámbito, el pasado 9 de julio, las Juntas Generales de Gipuzkoa aprobaron un proyecto de norma foral para la incorporación de cláusulas sociales en la contratación de obras públicas del sector público foral. La norma pretende el control del cumplimiento de las normas sociales en los contratos públicos. Veremos cuál es la evolución de esta iniciativa toda suerte que la Diputación no tiene competencia en legislación laboral.
Por su parte, la Ley de Ciudadanía Corporativa de Valencia es la menos ambiciosa, adoptando una perspectiva más relacional sobre la base de una concepción voluntaria de la RSE. Prevé así una actuación administrativa de puro fomento de la actividad que incluye la Certificación de Ciudadanía Corporativa, y el Índice de Ciudadanía Corporativa.
Finalmente, el futuro Plan regional de la RSE de Castilla y León combina medidas de gobierno abierto con otras centradas en el empleo y en la propia administración como:
– el reconocimiento como “Empresa Socialmente Comprometida” a aquellas fomenten el empleo de las personas con discapacidad, situación de riesgo o exclusión social y que fomenten la igualdad entre hombres y mujeres, entre otras cuestiones.
– El programa de Inserción Laboral, Plan Dike, dirigido a subvencionar empresas que contraten a mujeres víctimas de violencia de género.
– La reserva de contratos destinados a Centros Especiales de Empleo, o la incorporación de cláusulas sociales en la contratación general, primando en la adjudicación de contratos a aquellas empresas que incorporen medidas sociales.
– Medidas en la propia Administración como la reserva del 10% de la oferta de empleo público para personas con discapacidad (porcentaje más alto de España); la regulación de permisos a empleados públicos por motivos de conciliación de la vida familiar y laboral, y por razón de violencia de género; el Código ético de los empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León; la coordinación con el Banco Alimentos y empresas para facilitar la aportación y reparto de alimentos; la Estrategia regional de desarrollo sostenible 2009-2014 que busca dar a conocer ejemplos de integración de las consideraciones ambientales, sociales y económicas en la activad investigadora e innovadora.
Si verdaderamente se apuesta por la Responsabilidad Social en todas sus dimensiones (transparencia, rendición de cuentas, apuesta por la diversidad, respeto a leyes…) hay que crear ecosistemas favorables para que cale en todos los niveles administrativos, territoriales y sectoriales. En el incipiente estadio de la RSE en España, la promoción descentralizada de la RSE casa bien con la ideal glocal de la sostenibilidad, aproximando los centros de decisión política a los sujetos afectados.
Y en un contexto de mayor demanda de transparencia por la ciudadanía, tiene notables consecuencias:
– la adopción de políticas a nivel descentralizado permite incrementar también la participación de los ciudadanos en el diseño y en la aplicación de estas políticas.
– permite abrir marcos de diálogo con autoridades locales y regionales para incorporar RSE en sus ámbitos de acción.
– la existencia de incentivos voluntarios y positivos (certificaciones, beneficio fiscales) no suponen barreras u obstáculos que discriminen sino premios a la sostenibilidad. Este tipo de incentivos, -bien diseñados y no meras adhesiones como ocurre con el recién estrenado sello de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven- crean condiciones para mayor innovación, y los beneficiarios pueden verse reconocidos por las economías de escala reputacionales y otras externalidades positivas en un mercado nacional.
Lo que habrá que asegurar es un mejor control y regulación de las actuaciones de los poderes públicos, y una asignación de poderes fundada en consideraciones de eficiencia relativa y en la minimización de los costes de asignación. No estamos hablando de un exceso de regulación – que tiene sus costes y muchos[1]- sino de justificar debidamente por qué se opta por un modelo u otro. Aquí hay que recordar que en el año 2009 se publicó un (siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea), Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por el que se regulaba la memoria del análisis de impacto normativo que debe acompañar a toda iniciativa regulatoria. En la elaboración de toda propuesta normativa el Gobierno habría de preguntarse si es realmente necesaria y los costes e impactos que conlleva. Y esto es también aplicable para la justificación de la unidad de mercado.
Desgraciadamente, la realidad de nuestro país está demostrando que estos análisis de impactos vienen siendo prescindibles o manifiestamente superfluos cuando la agenda normativa viene marcada por los dictados de entidades o sectores alejados del interés general, con la consecuencia de impactos negativos exponenciales para el resto de la sociedad. El desarrollo de la RSC y cualquier iniciativa ya sea voluntaria u obligatoria, implica un cambio de proceder y de mentalidad que obligue a plantear propuestas en términos de eficacia y eficiencia mediante un análisis previo de impactos. Nada de esto vemos en la vuelta a la Unidad de Mercado.
Pero hay más. También hay que considerar el papel del Estado en la promoción de una actividad vital para la RSC: la innovación. Recordemos que Mariana Mazzucato en The Entreprenurial State rompía el mito de la innovación empresarial a favor de la intervención estatal. ¿Por qué es tan importante el papel del Estado? Las enormes incertidumbres en tiempo y resultados, y en los costes asociados a la innovación suponen un desincentivo a la innovación empresarial. Y en un entorno donde la economía está cada vez más financializada, menor será el apetito de riesgo innovador del sector privado.
Una RSE adaptada a las necesidades de nuestro y de cualquier país ha de combinar de forma óptima el margen de innovación dirigida y de libertad de acción. Como opciones, el efecto virtuoso de toda una panoplia de medidas en mano de los poderes públicos que pueden crear un caldo de cultivo para:
– La sensibilización y el apoyo técnico en los procesos de implantación y evaluación de la RSC,
– La inserción de la RSC en los procesos de internacionalización empresarial,
– La RSC como herramienta de competitividad,
– la promoción de empresas de economía social y/o solidaria,
– la integración del factor ambiental y energético en las estrategias empresariales,
– la creciente participación de empresas en proyectos sociales, culturales y de cooperación y el desarrollo, o
– un desarrollo territorial más sostenible.
La RSE en España está en un estado todavía inmaduro. Pero lo que es cierto es que ha pasado la época de los códigos éticos, de los premios de dudosa bondad, de la responsabilidad incoherente. Necesitamos un New Deal de la RSE. Y la unidad de mercado sólo será procedente si se articula en torno a políticas estructurales y de innovación con análisis de impactos. En caso contrario, la unidad de mercado se convertirá en Pensamiento Unico.
Helena Ancos Franco
Coordinadora del Programa de Trabajo de Responsabilidad Social Empresarial del Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Representante en la UCM de la RedUNIRSE, red Iberoamericana de Responsabilidad Social Empresarial y Promotora en la Universidad Complutense de Madrid de la Red Interuniversitaria de Responsabilidad Social Empresarial. Ha sido Abogado y Profesora de Derecho Internacional Privado en la Universidad Europea de Madrid y en el Centro Universitario Francisco de Vitoria y en el Centro Universitario de Estudios Financieros de Madrid. Sus actuales líneas de investigación se centran en la búsqueda de modelos jurídicos y económicos que promuevan la rentabilidad de los negocios y el desarrollo social, así como mecanismos de colaboración público-privada para el desarrollo.
