A pesar de que en 1995 Brasil reformuló su sistema de combate al trabajo forzado, con avances elogiados en organismos internacionales, los diferentes tipos de esclavitud moderna se sigue viendo en ese país.
Un ejemplo claro de esto es Ismauir de Sousa, que pasó casi treinta años en haciendas del norte de Brasil. No comía bien, dormía en colchas plásticas y compartía agua con animales; estaba sometido a largas jornadas de trabajo.
Fue rescatado en 2003; Ismauir, de 58 años,sufrió por varios años después de que el gobierno restringiera el concepto de trabajo esclavo, limitándolo a situaciones de privación de la libertad.
«Las condiciones eran tan malas que el sufrimiento comenzaba apenas salía de casa», pero esa «era la única opción», relata en una conversación con la Agence France-Presse (AFP).
Él pasó seis meses en el campo y no recibí un centavo, siempre debía dinero, tenía que pagar las herramientas y la comida que ellos mismos vendían a precios absurdos.
Los críticos con la nueva legislación laboral argumentan que con ella el gobierno de Michel Temer buscaba satisfacer solo a sectores de un Congreso que estaba próximo a votar una segunda denuncia en contra del presidente.
«Es un error monumental con el objetivo de atender una demanda antigua de los ruralistas y comprar 200 votos en la Cámara», dijo a la AFP el fraile francés Xavier Plassat, de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), quien tras casi treinta años rescatando personas en el norte del país es una de las voces más documentadas sobre el tema.
Una de las críticas contra la nueva normativa es que desconoce la caracterización actual de condiciones análogas a esclavitud, que comprenden desde el trabajo forzado hasta el servicio por deuda, las condiciones degradantes y la jornada exhaustiva.
«Brasil va a llamar al trabajo esclavo con otro nombre, porque la ley no va a incluir estos casos y las personas dejarán de ser liberadas», señaló a la AFP Leonardo Sakamoto, consejero del Fondo de la ONU para Formas Contemporáneas de Esclavitud.
«Entre 75% y 90% de los casos identificados como trabajo esclavo se deben a jornadas exhaustivas y condiciones degradantes», añadió Plassat.
«No creía que uno podía volverse un esclavo, pero vas aceptando por no tener opciones y cuando ves a tu familia pasando hambre te ves forzado a trabajar, incluso siendo humillado», cuenta el trabajador rescatado Gildasio Silva, ahora desempleado y con otro hijo.
Para el director del Instituto Ethos de Empresa y Responsabilidad Social, Caio Magri, se debería enfrentar el problema de forma sistémica. Magri señaló: «En vez de retroceder, como lo hace esta medida; hay que reducir la impunidad, crear mecanismos de prevención y atacar la desigualdad para dar opciones a los trabajadores».
La normativa también politiza la llamada «lista sucia» de trabajo esclavo, creada en 2003, que señala a quienes incurren en ese delito.
Magri explica que ese «instrumento inédito» se había transformado también en una garantía de transparencia comercial.
Por su parte, Sakamoto dice que el trabajo esclavo reduce costos en las cadenas de producción, aumentando la competencia desleal.
Para el equipo de auditores que guía las inspecciones, paralizado en protesta contra la normativa, la preocupación no es menor.
«Este gobierno dio señales desde el inicio de que atendería a sectores específicos de la economía descontentos con el concepto adoptado», afirma Renato Bignami, auditor fiscal del Ministerio de Trabajo.
Pero el ministro de Agricultura, Blairo Maggi, la justificó. En una reciente entrevista con la televisión O Globo, Maggi, un poderoso terrateniente, negó ser favorable al trabajo esclavo, pero afirmó que el sector agropecuario «vivía en la incertidumbre» y que Temer supo «resolver» el problema.
