Las demandas populares por un tratado vinculante sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por empresas transnacionales serán el objeto de una audiencia inaudita del Consejo de Derechos Humanos de la ONU este mes.
El 26º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU, que tendrá lugar del 10 al 27 de junio en Ginebra, podría suponer un primer paso histórico hacia el fin de la impunidad de las empresas transnacionales. En una iniciativa sin precedentes, en septiembre de 2013, el Gobierno de Ecuador, junto con otros 84 países, presentó ante el CDH una Declaración en la que propone un mecanismo jurídico vinculante sobre las actividades de las transnacionales.
Un mecanismo vinculante significa que las empresas transnacionales serían jurídicamente responsables por sus violaciones de derechos humanos, lo que difiere de la perspectiva internacional actual, que propone códigos de conducta que son meramente voluntarios, sin ninguna responsabilidad jurídica.
El llamado por un mecanismo vinculante es una demanda que las comunidades afectadas que enfrentan diariamente las violaciones de derechos humanos y los crímenes de las transnacionales vienen defendiendo hace tiempo. Como integrante de una red que trabaja sobre el poder corporativo, el Transnational Institute (TNI) ha colaborado en los últimos años con varias organizaciones para reunir a más de 500 movimientos sociales, redes de derechos humanos y comunidades afectadas en la Alianza para el Tratado. La Alianza demanda que el CDH abra un proceso para la elaboración de un tratado vinculante.
El impulso de la campaña ha tomado por sorpresa a las corporaciones y a los Gobiernos que las respaldan, ya que el número de Gobiernos que apoyan la posición de Ecuador no deja de aumentar. Sin embargo, los Estados Unidos, Japón y Gobiernos de la UE parecen resueltos a impedir cualquier tentativa de desviar la perspectiva puramente voluntaria, a pesar del evidente fracaso de esta a la hora de frenar los abusos corporativos en los últimos años.
Según Gonzalo Berrón, del TNI y de la campaña Desmantelemos el poder corporativo y pongamos fin a la impunidad, “se necesita una arquitectura internacional de derechos humanos que proteja los derechos de las personas de la asimetría de poder producida por la acumulación de riquezas de las corporaciones y las ventajas políticas que esta acumulación provee. Para ello, se necesita revertir el sistema económico y legal articulado a través de los paneles arbitrales, como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y los de la OMC, que solo protegen los derechos de los inversores”.
“Ha llegado el momento de que las corporaciones transnacionales –que son responsables de la mayoría de los flujos de inversión y del comercio internacional– sean jurídicamente responsables por las violaciones de derechos humanos y los crímenes económicos y ecológicos sistémicos que cometen.”
En una declaración oral ante el CDH durante su sesión de apertura, Melik Ozden, del CETIM, hizo un llamado a los Gobiernos para que “creen un grupo de trabajo intergubernamental para negociar estas normas vinculantes, que representan una gran brecha en el marco internacional de derechos humanos, tras más de 40 años de debate en las Naciones Unidas sobre este asunto”, haciéndose eco de las demandas de las comunidades afectadas que habían presentado declaraciones escritas al CDH el mayo pasado.
Esta oportunidad histórica ha generado una intensa labor de cabildeo popular a favor de unas obligaciones vinculantes para las transnacionales, tanto en las regiones de donde proceden los miembros del CDH como en los pasillos de la sede de la ONU en Ginebra, donde el Gobierno de Ecuador ha lanzado una serie de consultas públicas sobre el proyecto de resolución que se presentará al CDH:
12/06 Sala XVIII de las 15:00 hasta las 17:00
17/06 Sala XVII de las 17:00 hasta las 19:00
19/06 Sala VII de las 17:00 hasta las 19:00
Mientras tanto, del 23 al 27 de junio tendrá lugar una semana de movilizaciones en Ginebra, donde representantes de comunidades afectadas (Chevron/Ecuador; Shell/Nigeria, Mekorot/Palestina, Glencore/Filipinas, Perú y RDC; Lonmin/Sudáfrica) así como líderes de movimientos sociales participarán en una serie de eventos con Gobiernos, medios y público para presentar los argumentos que fundamentan un tratado contra la impunidad corporativa.
Fuente: Omal
