De súbito, millones de habitantes del valle de México desecharon cubrebocas, pañuelos y guantes impregnados con moco y saliva, mientras que hospitales y clínicas generaban toneladas de basura considerada infectocontagiosa, en el contexto de la alerta epidemiológica por el virus de la influenza humana.
El manejo inicial se realizó con normalidad, pero el destino final de todo aquello es incierto, o peor aún, pudo haber quedado sin el tratamiento establecido por las leyes y normas sanitarias y ambientales.
“Las autoridades sostienen que las mascarillas y los pañuelos desechables no se consideran material peligroso. Sin embargo, en medio de una contingencia como la que tenemos, sin duda son fuente de diseminación del virus”, sostuvo Ramón Ojeda Mestre, ex procurador de Medio Ambiente en el estado de México y secrertario general de la Corte Internacional de Arbitraje y Conciliación Ambiental (CIACA).
Además, el virus de la influenza puede sobrevivir hasta 24 horas en ambientes con temperaturas por debajo de los 30 grados centígrados, y los basureros son propicios para que se reproduzcan virus y bacterias, precisó Gustavo Acosta Altamirano, director de la Clínica de Inmunodiagnóstico del Hospital Juárez, en la ciudad de México.
La Norma Oficial Mexicana 087-Ecol-2000 establece que los residuos peligrosos biológico-infecciosos deben someterse a tratamientos físicos o químicos que eliminen microorganismos patógenos, y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos asienta que son peligrosos los que “contengan agentes infecciosos”.
El país genera 137 mil 280 toneladas de residuos —incluidos los clasificados como peligrosos—, de los cuales la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) estima que 58.4% “cuenta con un manejo ambientalmente inadecuado”. En su diagnóstico del Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 2008-2012 menciona que el sector salud contribuye con 323 toneladas diarias.
El manejo irregular de los desperdicios encuentra cabida en casi cualquier burocracia municipal, donde prevalecen sistemas corruptos, explicó Larisa de Orbe, presidenta de la asociación civil Acción Ecológica.
“Lo que vemos en la operación de estos tiraderos nos da muestra clara de las fallas estructurales en México para el manejo y confinamiento de los desechos”, dijo.
La ley, a la basura
El relleno sanitario La Perseverancia, en Cuautla, Morelos, fue concesionado en enero pasado a la empresa Constructora Ambiental Especializada, cuyo administrador, Vicente Peralta, fue director de los Servicios Públicos Municipales de Temixco hasta septiembre pasado. Recibe 500 toneladas de basura diaria sin aparente regulación.
En las celdas que conforman el tiradero puede verse material peligroso, como baterías de autos y pilas alcalinas, mezclado con sólidos urbanos y desechos hospitalarios (bolsas de suero, sondas, guantes, vendajes con líquido hemático y mascarillas). La superficie de 10 hectáreas está rodeada de ríos, arroyos y pequeñas lagunas que atraen a gaviotas y garzas, que a la vez se alimentan del basurero, y campos donde pasta ganado. “Una pila perfecta de contaminación”, sintetizó Ojeda Mestre.
Por más de una década ese tiradero ha recibido material desechado en los hospitales del IMSS y el Hospital General de Cuautla, dijo Eduardo Uriaga Mendieta, quien fue encargado del depósito durante ese tiempo y hasta septiembre de 2008. “Nunca, a pesar de los reportes, las autoridades aplicaron ninguna norma, y las cosas no han cambiado hasta el día de hoy”. Este año, Vicente Peralta, administrador de la empresa a cargo del relleno sanitario, señaló haber hecho siete reportes por el vaciado de desechos hospitalarios que hacen operadores de camiones recolectores municipales, provenientes del IMSS y el Hospital General, e incluso que hay casos de reincidencia, pero nadie ha sido sancionado.
En las 10 hectáreas que ocupa este relleno la basura se ha mezclado con los desechos que generaron hospitales durante años, afirmó Eduardo Uriaga Mendieta, responsable de su operación los últimos 10 años, también hasta septiembre pasado.
Desde diciembre de 2006, organizaciones ambientalistas presentaron un peritaje que recomendaba cerrar el tiradero, además de un estudio sobre las condiciones de salud de la población que vive en la zona. Fueron ignoradas por los municipios. Andrés es uno de los casi 20 pepenadores que han hecho del relleno sanitario su lugar de trabajo, en su caso por mil pesos semanales. Sentado en un destartalado sillón rodeado de costales llenos de envases de plástico, dijo tener fiebre y “algo de gripa”. Se tallaba los ojos llorosos y decía que iría al médico “cuando termine”.
Mito, dice
La infectóloga Patricia Volkow, del Instituto Nacional de Cancerología, sostuvo que los residuos hospitalarios no representan un riesgo para la salud. Este “mito”, dijo, surgió poco después de que el mundo se enteró de la existencia del virus de inmunodeficiencia adquirida (VIH) y se extendió el temor de que estos desechos representan una fuente de infección. Argumentó también que no existen estudios científicos y epidemiológicos que demuestren que los desechos clasificados como biológico-infecciosos representen un verdadero riesgo para la salud, aparte de que en los hospitales, antes y después del VIH, ha existido un buen manejo de estos desechos.
“Es más peligroso comer un taco con cilantro que no fue desinfectado, que un residuo de un hospital”.
El temor hacia estos desechos, desde su perspectiva, fue infundido por “grupos de poder” en los que hay representantes de las propias compañías dedicadas al manejo de residuos, “ellos son los que han presionado para que se hagan legislaciones sobre el tema que obliguen a los hospitales a contratar empresas que se dedican al manejo exclusivo de estos desechos, cuando la mayor cantidad de esta basura puede manejarse por los propios hospitales, siguiendo recomendaciones mínimas, sin tener que pagar a empresas particulares para ello”.
En el fondo, añadió, los residuos hospitalarios se han convertido un gran negocio. “Es lamentable que una buena parte del presupuesto de los hospitales, del sistema de salud nacional, se gaste en contratar empresas que se dedican al manejo de los desechos. Se gasta en esta parte y en los hospitales no hay dinero para comprar jabón y toallas de papel para limpiarse las manos”.
Una compañía cobra entre 8 y 13 pesos por el manejo de cda kilogramo de residuos biológicos-infecciosos. Datos aportados por la propia Volkow en publicaciones especializadas refieren que el sector salud gasta al año más de 300 millones de pesos en contratar a empresas para el manejo de sus residuos hospitalarios. Contra la opinión de Volkow, Gustavo Acosta Altamirano, de la Clínica de Inmunodiagnóstico del Hospital Juárez, sostuvo que los desechos hospitalarios son un riesgo para la salud y el ambiente, sobre todo si se depositan en tiraderos al aire libre sin haber sido tratados previamente, porque pueden contaminar fuentes de agua, como mantos freáticos, ríos o lagunas. “Esta crisis sanitaria que vivimos por el virus de la influenza nos enseñó que debemos incrementar las medidas de higiene en todos los sectores y un ámbito fundamental es el relacionado con los desechos”.
Y si bien, Altamirano coincidió con Volkow en que dentro de los hospitales es adecuado el manejo de los residuos peligrosos, agregó que el problema está al salir del hospital.
“Se debe tener la certificación de que esas compañías de manejo de residuos realizan su trabajo en forma adecuada”.
Parábola de la ilegalidad
La caja del camión de la empresa Servicio de Transporte, SA de CV, que conducía Adrián Alfaro Alvarado al mediodía del 26 de abril es una muestra ostensible de la irregularidad. Según el parte oficial de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Nezahualcóyotl, “se detectó que había equipos de venoclisis, gasas, vendas, guantes desechables, cubrebocas y varias bolsas de color verde con logotipos del IMSS, algunas de ellas con escurrimiento de líquido hemático”.
El chofer se dirigió al acceso principal del Relleno Sanitario Neza II —mejor conocido como Bordo de Xochiaca— con el propósito de volcar el tonelaje de desechos infecciosos recolectados en hospitales de dicho instituto en el Distrito Federal, según consta en el expediente PER/1/2774/2009 de la Dirección de Averiguaciones Previas del Centro de Justicia La Perla. El vehículo fue retenido 48 horas a la entrada del tiradero y su conductor consignado al Ministerio Público Federal, en donde se ordenó su liberación, aparte de ser devuelto el camión. La única declaración que consta en expedientes refiere que Alfaro Alvarado jamás aceptó saber lo que transportaba, aunque dijo haber recolectado desperdicios en hospitales del IMSS, de cuyo destino la PGR no ha informado. El traslado presuntamente ilegal de material biológico-infeccioso merecía un manejo judicial impecable, opinó Carlos Vega Suárez, portavoz del ayuntamiento de Nezahualcóyotl, “lo que no sucedió”. Afirmó también que ninguna dependencia del gobierno local conoce la suerte del cargamento, del que sólo puede decir que no se alojó en el tiradero municipal.
La empresa propietaria del camión cuenta con registro formal del Servicio Federal de Transporte, de acuerdo con el acta ministerial del Centro de Justicia La Perla. Posee oficinas y talleres de operación en Iztapalapa, en los que alojan también vehículos oficiales del gobierno capitalino. Pero ninguno de sus propietarios estuvo dispuesto a notificar sobre la detención de su empleado y el destino de los residuos. Alfaro fue detenido por una denuncia anónima. Estacionó el camión recolector en el cruce de las avenidas Carlos Hank González e Isidro Fabela, en la colonia Ejidos de San Agustín, y al arribar los agentes municipales advirtieron manchas de sangre en la defensa trasera, y luego hallaron las bolsas con los desechos. La descripción del parte oficial es también la narrativa del trato negligente que, como ha reconocido la Semarnat en su diagnóstico, ocurre con la mayor parte de los desechos peligrosos en el país.
