Forma y Fondo CLV
Con la justificación de que las inversiones son sinónimo de progreso regional o nacional y creación de fuentes de empleo, hay ocasiones en que se disfrazan los motivos subyacentes y se disimulan los daños. Hay proyectos que en otros países resultarían inviables por el alto costo de los permisos para funcionar y los daños al ambiente, pero en nuestro México sí se aterrizan, porque se ahorran muchos millones y la laxitud en legislación ambiental les permite trabajar porque aquí no dañan al ambiente.
Por otro lado, la aparente rigidez de la normatividad ambiental en Estados Unidos, aumentó la presión de los monopolios gaseros transnacionales, para que en México se construyan terminales de almacenamiento y regasificación de gas natural licuado (GNL) en el Golfo de México y la costa del Pacífico, para venderlo a un país que aunque productor carece de tecnología para producirlo, y asegurar el suministro a Estados Unidos.
Estas plantas regasificadoras funcionan como almacenadoras y transportadoras del energético. Hace unos días, en Ensenada, Baja California, el Ayuntamiento local, en un intento por hacer cumplir las leyes y con el fin de salvaguardar la integridad física de sus habitantes y la conservación de los recursos naturales, entre los que se encuentra la ballena gris ya afectada en esta temporada, clausuró temporalmente la planta Energía Costa Azul, filial de Sempra Energy.
Salieron a la luz cantidad de irregularidades y violaciones flagrantes a las normas, leyes, planes y disposiciones vigentes en la materia. El permiso de uso de suelo se otorgó en 2002 por el entonces presidente municipal, ignorando a su Cabildo y violentando la Ley de Desarrollo Urbano y reglamentos municipales vigentes.
Se desconocieron las disposiciones jurídicas que consideran como corredor costero urbano, turístico y ecológico a Tijuana, Rosarito y Ensenada. Autoridades de los tres niveles de gobierno reconocen las violaciones a través del Programa de Reordenamiento Ecológico Marino del Pacífico Norte, publicado por la propia SEMARNAT.
Ante la carencia de un diagnóstico de impacto ambiental y su evaluación, durante el desarrollo de las diferentes etapas del proyecto y las medidas de prevención y mitigación, los daños a los ecosistemas y a la biodiversidad de la zona, originados por los trabajos de desmonte, nivelación, dragado, construcción de diques rompeolas, muelles y estructuras, han afectado el fondo del mar y la calidad del agua, hábitat de gran cantidad de especies de flora y fauna marinas.
Es la única empresa en el mundo en su tipo que carece de una “Zona de Exclusión Térmica” o “Zona de Amortiguamiento” ignorando las normas internacionales y nacionales (¿?)
Parte de la función de esta zona es minimizar la repercusión negativa de un fuerte impacto ambiental. Estas plantas utilizan agua de mar para sus procesos industriales y la devuelven ocho grados centígrados más fría.
Desafortunadamente los vacios legales, por deliberación o ignorancia, permiten vicios. No hay un criterio común ni estándar para la creación de zonas de amortiguamiento, lo que dificulta en sí su determinación, definición y delimitación.
La instalación de una planta regasificadora similar, hubiera costado a las petroleras transnacionales unos ciento cincuenta millones de dólares por concepto de la manifestación de impacto ambiental (MIA), de haber hecho el estudio en San Diego, California, además de la obligatoriedad de contratar un seguro de catástrofes con un costo alrededor de ciento veinticinco millones de dólares. Sin contar muchos otros gastos.
Al ser Baja California la afortunada sede de la planta regasificadora, el costo disminuyó a sólo veinte millones de dólares y unas cuantas fuentes de empleo cuyas condiciones serían tema de análisis. Al operar en territorio mexicano abaten considerablemente sus costos de conservación ecológica.
Bien dijo el presidente municipal de Ensenada, que la clausura temporal de la terminal tenía base en el cumplimiento del mandato de Ley ante el que protestó cumplir y hacer cumplir la Constitución, tanto federal como estatal y las leyes y reglamentos emanados de ellas.
Aclaró que el apoyo a la inversión pública y privada, nacional e internacional, se da siempre y cuando se apegue al respeto del marco jurídico y a las normas que rigen nuestro país y al bienestar de sus habitantes. A pesar del cuidado técnico y jurídico de la acción, la Federación y el Estado, enviaron fuerzas militares y estatales para obligar a la reapertura de la terminal.
Con estas plantas, la transnacional busca controlar la distribución de gas natural en el sur de California y en los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Los efectos del control monopólico los demostraron en el año 2000 en California cuando Sempra Energy de San Diego, SoCalGas de Los Ángeles, y El Paso Energy de Texas, se pusieron de acuerdo para simular desabasto y elevar los precios del gas natural en setecientos por ciento.
La forma: el cabildeo para ilusionar con el espejismo de progreso, lejano al desarrollo sustentable. El fondo: la especulación, ocultando daños ambientales y violando leyes y derechos fundamentales.
Y no lo olvidemos: TODOS SOMOS NATURALEZA.
NOTA: aumentan el interés y los participantes para celebrar LA HORA DEL PLANETA EL PRÓXIMO SÁBADO 26 DE MARZO A LAS 20:30 HRS.
Fuente: ACACIA FUNDACIÓN AMBIENTAL A. C.
