La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, estudia la posibilidad de crear un fondo económico de compensación para la comunidades indígenas más afectadas por el plan energético que el Gobierno tiene previsto para 2021. Del mismo modo, también prepara la elaboración de un nuevo artículo en la Constitución que recoja la obligación de consultar a los pueblos nativos antes de comenzar a operar en sus zonas de influencia.
La medida del Gobierno brasileño viene a sofocar las posibles repercusiones que sufrirían las comunidades indígenas tras la llegada de diferentes empresas hidroeléctricas a las áreas cercanas a sus asentamientos, tras el proyecto energético previsto para 2021. Más después de las fuertes críticas vertidas por la exministra de Medioambiente Marina Silva.
Según ha apuntado el portal del diario brasileño ‘Estadao’, estas dos medidas que el Gobierno intenta reactivar ahora estuvieron estancadas durante los últimos casi once años de gestión al frente del Ejecutivo del Partido de los Trabajadores.
En cuanto al fondo económico, una antigua reivindicación de los pueblos nativos brasileños, éste sería creado con la compensación económica que las empresas hidroeléctricas deben abonar por beneficiarse de la explotación de los recursos naturales del país, la cual ha ascendido hasta los 580 millones de dólares en los primeros nueve meses de 2013.
La segunda propuesta, la concerniente a la elaboración de un nuevo artículo de la Constitución que recoja la obligación de consultar a las comunidades indígenas antes de llevar a cabo cualquier tipo de actividad de explotación en las zonas cercanas a sus asentamientos, el Gobierno ya ha anunciado que está siendo considerada de manera urgente.
«Los pueblos indígenas tiene sus propias formas de debatir sobre su futuro y nuestra legislación necesita contar con ello. Vamos a crear un mecanismo que absorba el protocolo de actuación de cada comunidad y de cada etnia», han recalcado fuentes del Gobierno de Brasil.
Fuente: EuropaPress.
