Por Edgar López.
El pasado 10 de abril, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier , lanzó desde el micrófono una frase que —aunque parezca broma— merece análisis desde el enfoque de la responsabilidad social empresarial:
“Grupo Proyecta: dos hectáreas en un mes o proceso de expropiación de cuatro. Lo que ustedes decidan, con todo cariño y respeto.”
Con cariño y respeto… pero con decreto en puerta.
Más allá del impacto inmediato de sus palabras, lo que realmente merece atención es el uso del concepto de RSE para justificar esa exigencia. El mensaje fue claro: si una empresa ha ganado, debe retribuir. Y si no lo hace voluntariamente, lo hará por mandato o por presión pública. Eso, nos guste o no, ya está en el centro del discurso oficial.
La escena es reveladora, aunque no inédita. Resuena con el tono que, durante años, sostuvo la presidencia de López Obrador frente al sector privado: un empresariado voraz, mezquino y carente de ética. En esa narrativa, ni siquiera se reconocía la posibilidad de que las empresas retribuyeran a la sociedad; el impacto positivo era una tarea reservada exclusivamente al Estado. A las empresas les correspondía invertir, generar empleos, pagar impuestos… y mantenerse al margen en la inversión social o desarrollo sustentable.
El enfoque del gobernador poblano no contradice esa lógica, más bien la actualiza. Solo que ahora, el reproche se acompaña de una exigencia pública: señala al empresario por su supuesto enriquecimiento desproporcionado y lo convoca a redimirse —de manera “voluntaria”— a través de una donación condicionada por el poder político. Una forma peculiar de pedir responsabilidad… entre líneas de amenaza.
En ese terreno, las empresas deben estar preparadas. Porque una cosa es tener compromisos sociales sólidos, y otra muy distinta es carecer de una narrativa estratégica que permita defenderse frente a la presión política y la exigencia pública.
Grupo Proyecta de Rafael Posada Cueto, la empresa aludida por el gobernador, mantiene un bajo perfil público en materia de RSE. En su sitio web presenta un gráfico con valores institucionales y, por cierto, un Código de Ética que establece con claridad su postura frente a la relación con autoridades. En dicho documento se prohíbe categóricamente cualquier tipo de contribución, gratificación o dádiva —directa o indirecta— a instituciones políticas o servidores públicos.
En ese sentido, la solicitud pública del gobernador —aunque presentada como un acto de “responsabilidad”— podría colocar a la empresa en una posición ambigua, e incluso entrar en conflicto con sus propios principios internos de integridad.
Más allá del código, no hay evidencia visible de compromisos, prácticas o resultados sociales relevantes. No hay informes. No hay causas. No hay relato.
Y eso, en este contexto, es un riesgo. Porque cuando no tienes una historia que contar, cualquiera puede contarla por ti.
Al día de hoy, el asunto ha escalado rápidamente a medios nacionales y ya es tema entre líderes de opinión, periodistas y figuras públicas. El debate gira en torno a la forma particular en la que el gobierno poblano está “invitando” a las empresas a ser socialmente responsables. No es un asunto menor: se está fijando posición sobre lo que se espera —y se exige— de la iniciativa privada. Y se está haciendo en voz alta.
Este episodio puede parecer anecdótico o local. Pero no lo es. Es un reflejo del nivel en el que se está discutiendo la RSE en México: entre la moral impuesta, la presión mediática y la necesidad de legitimación política. Y eso nos obliga a reflexionar.
¿Será momento para que las empresas —en Puebla y en todo el país— revisen su perfil responsable? ¿Que eleven su discurso, documenten su impacto, comuniquen lo que aportan más allá de los estados financieros? ¿Será esta una oportunidad, aunque incómoda, para demostrar que la RSE no es un favor ni una concesión, sino una estrategia de negocio y una forma de responder —con inteligencia— a las exigencias del entorno?
En un país donde el empresariado sigue siendo señalado antes que reconocido, la responsabilidad social no puede ser invisible. Ni ambigua. Mucho menos reactiva. Debe ser estratégica, articulada y públicamente defendible.
Por eso, aunque el nivel del debate sea bajo, y aunque lo que hemos visto esta semana parezca una caricatura, no se puede dejar pasar.
Y si no, al tiempo.
Quizá después de esto, el Centro Mexicano para la Filantropía, A.C. considere invitar al Gobernador como speaker principal en la entrega del Distintivo ESR 2025. O tal vez, desde el Pacto Global de la ONU – Red México, lo tengan en mente para el próximo premio LOGRA… por su capacidad de movilizar “voluntariamente” al sector privado.
Parece chiste. Pero no lo es. Ese es el nivel del debate actual sobre la RSE en México. Y justo por eso, no se puede dejar de opinar.
Con cariño… y respeto.
Edgar López Pimentel, es actualmente Director en Expok, ejerciendo su liderazgo día a día con pasión por la responsabilidad social y el desarrollo sustentable. Su labor ha contribuido significativamente al posicionamiento de empresas líderes en materia de responsabilidad social.
Su formación académica, enriquecida por programas de Alta Dirección de Empresas en el IPADE e IE Business School, así como una maestría en Responsabilidad Social Empresarial en la Universidad Anáhuac Norte, respaldan su liderazgo.
