Brasil, que se propone eliminar la deforestación ilegal en la Amazonía para 2030, registró un incremento de 16% de la tala durante el último año, un alza que según ambientalistas podría poner en riesgo ese objetivo.
Entre julio de 2014 y agosto de 2015, el área deforestada creció hasta 5 mil 831 km2, desde un dato previo de 5 mil 12 km2, precisó el Ministerio de Medio Ambiente.
Los estados de Amazonas (54%), Rondonia (41%) y Mato Grosso (40%) empujaron el aumento de la tasa, según el informe, en un año en el que el Estado aumentó los recursos para controlar la deforestación ilegal.
«Tenemos que investigar lo que está pasando», dijo la ministra Izabella Teixeira al presentar los datos.
«Vamos a pedir a los estados que nos digan desde el punto de vista formal qué autorizaron y qué fue ilegal», añadió.
Según las informaciones técnicas preliminares que maneja su cartera, el aumento se debe a la expansión principalmente de la ganadería y también de la agricultura en esos estados.
Los datos se conocen en vísperas de la cumbre de la ONU sobre cambio climático en París, la COP 21, a la cual Brasil lleva la meta de reducir las emisiones de gases contaminantes en un 37% hacia 2025 y 43% hacia 2030 en comparación a los niveles de 2005, y de eliminar la deforestación ilegal en la Amazonía.
El aumento del área talada «puede perjudicar las metas ya poco ambiciosas del gobierno brasileño para la reducción de la deforestación del bioma», denunció este viernes la organización no gubernamental Greenpeace, que acompaña desde hace décadas las actividades que destruyen la Amazonía en Brasil.
«Después de esfuerzos de la sociedad y del propio gobierno, la deforestación abandonó el umbral de los 27 mil km2, en 2004, para la franja de los 5 mil», afirmó Cristiane Mazzetti, de la campaña Amazonía de Greenpeace, citada en un comunicado.
La ambientalista reclama que el gobierno ha demarcado pocas tierras indígenas que, convertidas en unidades de conservación, ayudan a proteger la selva, y que el país asiste al avance en el Congreso de un proyecto de enmienda constitucional que pondría en riesgo el proceso de demarcación de tierras indígenas, en beneficio de los productores rurales de la región.
Fuente: La Jornada
