Al Ing. Ricardo Peralta Soto,
In memoriam
La semana pasada fue objeto de trabajo legislativo a favor del sector social en Aguascalientes y Yucatán. Legisladores en sus respectivos congresos locales abordaron la legislación a favor de las organizaciones de la sociedad civil. En el primer caso, en Aguascalientes, los diputados aprobaron reformas a la Ley de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil, principalmente para fortalecer la Comisión para el Fortalecimiento. Básicamente se modifica la forma sobre cómo se constituye la comisión pues ahora habrá de integrar a un representante de cada dependencia de la administración pública estatal e incluye algunos municipales. Se integra también a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Los integrantes durarán en su cargo 3 años y se le reconoce como el órgano rector de las políticas públicas en materia social.
En el caso de Yucatán, la ley de Fomento es nueva. Su dictamen fue votado el jueves de la semana pasada, por la Comisión de Igualdad de Género que aprobó por unanimidad el dictamen para expedir la Ley de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado.
Según el sitio Mi punto de vista (junio 6): la legisladora Celia Rivas Rodríguez (PRI) expresó que “la nueva ley brindará un instrumento jurídico actualizado para garantizar la intervención de la sociedad civil como actor social en el quehacer público estatal. Una sociedad con organizaciones civiles que participen, es una sociedad mucho más fuerte, en este dictamen se valoran a su vez las diversas actividades que desarrollan para la construcción y fortalecimiento de la ciudadanía, en las áreas de asistencia y desarrollo social, medio ambiente o derechos humanos, entre otros”.
La novel ley yucateca contempla la creación de un registro estatal de OSC (pese a que existe uno federal que es el válido para otorgar la Clave Única), la Comisión de Fomento a las Actividades y el Consejo Técnico Consultivo respectivo. En un artículo transitorio se señala que la ley entrará en vigor el 1° de agosto de este año y el ejecutivo estatal tendrá que promover la ley reglamentaria. Según legisladores de la Comisión de Igualdad y Género del Congreso del Estado, este instrumento jurídico facilitará la participación ciudadana.
Según las fuentes de información (como el Registro Nacional de Organizaciones Civiles y el Directorio del Centro Mexicano para la Filantropía), Yucatán cuenta con poco más de 650 organizaciones de la sociedad civil, tanto asociaciones civiles como instituciones de asistencia privada, principales figuras jurídicas.
La experta en legislación del sector social, Consuelo Castro Salinas, Directora del Centro de Enlace y Desarrollo para las OSC (Cenlade), opinó sobre la ley yucateca indicando que “está en consonancia con la Federal y resulta muy positivo que contemple la importancia de la celebración de convenios de coordinación con la federación y con gobiernos de otros estados. En general es un avance que los estados reconozcan a las organizaciones de la sociedad civil y que, además de que existan canales bien definidos para el otorgamiento de recursos públicos bajo un marco jurídico que propicie la transparencia en la asignación de fondos, también se considere la posibilidad de fomentar a las organizaciones a través de incentivos fiscales de impuestos locales para dichas organizaciones”.
Consuelo Castro, quien colaboró en la iniciativa de la Ley Federal de Fomento aprobada hace más de 10 años y además colaboró en la creación de ley de la Junta de Asistencia Privada de Sinaloa, marcando el hito de que son las propias organizaciones de la sociedad civil quienes proponen al gobernador la terna para elegir a la persona que presidirá el citado organismo; señaló a Fundaciones Empresariales que en el marco renovación de poderes ejecutivo federal y estatales en algunas entidades, como también del congreso de la unión, “promover y plasmar el reconocimiento jurídico de la utilidad pública y aportes que hacen las organizaciones de la sociedad civil en todas las entidades representa un avance en la identificación de nuevos actores que no solo inciden en políticas sociales sino también adquieren facultades de vigilancia de la administración pública, lo que representa adentrarse en la gobernancia”.
Dar certeza al trabajo y aportaciones que hacen las organizaciones de la sociedad civil en cada estado de la república y en todo el país se hace necesario, pues como lo señaló la legisladora yucateca local panista Beatriz Zavala Peniche: “se tiene tanto gobierno necesario y tanta sociedad como sea posible, porque mientras exista más participación de las organizaciones civiles, menos necesidad de que las instituciones de gobierno sean las únicas responsables del funcionamiento de los sectores sociales” (Mi Punto de Vista, junio 6 de 2018).
No considerar que la sociedad civil es hoy un actor fundamental y necesario para la vida democrática y en cambio apostar a un gobierno estatista, donde el gobierno es el único protagonista del cambio social es altamente retrógrada. Por su parte, Marco Novelo Rivero, legislador blaquiazul señaló “que los diputados, como representantes de la ciudadanía, han dejado claro que quieren que la participación ciudadana busque el bien común, por lo que es importante sentar estas bases y herramientas, con un instrumento para que participen en las actividades de gobierno, contando con recursos suficientes para redoblar los esfuerzos”.
<h2>Desde el Consejo Directivo</h2>
El presidente del Directorio comentó con sus colegas: “Don Fernando Maldonado ha escrito un atractivo artículo que ha intitulado #LaEstafaMaestra a la poblana, en el cual aborda el problema de la Fundación Mary Street Jenkins cuyo capitulo no se ha cerrado pero sus efectos han afectado la vida de las organizaciones de la sociedad civil por las medidas que tomó la SHCP por haber sido sorprendida por el grupo de personas que trasladó su patrimonio a Aguascalientes, luego a Barbados y estacionarlo finalmente en Panamá. Maldonado señala que el actual rector de la Universidad de las Américas Puebla, tuvo que presentarse a audiencia pública en esta semana por el proceso judicial que está en curso. La ruta del dinero, a la vez patrimonio legado por Guillermo Jenkins, de la fundación que fue trasferido a manos de particulares cuando debía destinarse a la filantropía, es lo que no ha quedado del todo claro. Los familiares de Jenkins (padre) maniobraron de tal manera que con el apoyo de especialistas encontraron los recovecos de ley que permitieron movilizar los recursos en lo que Maldonado denomina la “Estafa Maestra Poblana”. Señaló que Expok a través de “Fundaciones Empresariales”, ha dado seguimiento a esta trágica historia tanto para el sector filantrópico como para el papel de vigilancia que deben de observar las juntas de asistencia privada y también la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. A este artilugio administrativo se deben los cambios estatutarios que todas las donatarias tienen que realizar en este año.
La Secretaria del Consejo Directivo comentó la nota de Diario de Yucatán (junio 8) donde se dio a conocer que “la Fototeca Pedro Guerra quedó inscrita en el Registro Nacional de Archivos Históricos que otorga el Archivo General de la Nación. Esta distinción es por el valioso acervo con el que cuenta la fototeca”. De acuerdo a la información de ese periódico, dijo la consejera, la Fototeca Pedro Guerra cuenta con un acervo de más de 500 mil imágenes, muchas de las cuales ya se pueden disfrutar en su página electrónica (fototeca.antropologia.uady.mx) y otras tantas más se están digitalizando.
El Tesorero de la asociación señaló que el trabajo que han realizado María Amparo Casar y Luis Carlos Ugarte respecto a la corrupción que revelan que la corrupción es uno de los principales problemas nacionales es al tiempo consisten y dramático. Cerca del 80% de los mexicanos así lo estima y se considera que el costo de su práctica equivale al 2% del PIB al año.
El Director de la organización felicitó a la asociación Aquí Nadie se Rinde IAP y su fundadora Laura Vidales, por su más reciente evento que consistió en carrera y caminata donde los fondos obtenidos se dirigirán al tratamiento de cáncer infantil. En Ciudad Universitaria se vio a Ana Claudia Talancón y Eduardo España como dos personajes públicos que apoyan esta noble causa.
