México carece de políticas claras de cómo reciclar la basura electrónica, que no sólo contempla equipo de cómputo, sino celulares y baterías, es decir, los desechos tecnológicos, sostuvo el especialista Heberto Ferreira Medina.
El encargado de Telecomunicaciones del Centro de Investigaciones en Ecosistemas de la UNAM señaló que hay atraso en la materia, al no implementar recolectores o crear proyectos para reciclar los componentes útiles de esos aparatos, se contribuye a que sean depositados y tratados como cualquier tipo de basura.
Refirió que cada año se desechan sin regulación ni control entre 150 y 180 mil toneladas de basura electrónica, incluidos equipos de cómputo, televisiones, teléfonos fijos y celulares, aparatos de audio y video.
Aunque han habido esfuerzos jurídicos y ambientales en la materia, resaltó, no existe nada concreto y estos aparatos se arrojan en tiraderos comunes sin que reciban un tratamiento adecuado.
Además se deben considerar desechos de otro tipo como discos duros, chips, y memorias, que contienen metales y sustancias tóxicas. A su vez, el jefe del Departamento de Seguridad en Cómputo de la Dirección General de Servicios de Cómputo Académico (DGSCA), Juan Carlos Guel López, expuso que un equipo, en promedio, tiene una vida útil de tres a cinco años.
Por ello, es importante impulsar una cultura hacia el usuario final, para que sepa qué hacer cuando termine ese lapso. También es necesario impulsar un «cementerio de equipos viejos», pues el problema medular es que no se educa a la sociedad sobre qué son los dispositivos electrónicos, ni qué hacer con ellos cuando ya no son útiles.
Mientras, Marisol Anglés Hernández, académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas, expuso que a nivel nacional, desde 1988 se gestiona, a través de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su reglamento, el manejo de los Bifenilos Policlorados, uno de los componentes de los residuos electrónicos.
En este sentido, detalló que la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos permite enmarcarlos como de manejo especial, pues deben gestionarse mediante planes referentes para minimizar la generación y maximizar su valoración.
Lo anterior, bajo el esquema de responsabilidad compartida, que involucra a la cadena de producción y distribución, a los consumidores y a los tres poderes de gobierno; no obstante, el plazo señalado por esa norma para la implementación de estos planes feneció en 2006, lo que evidencia el retraso en la materia.
