Los organismos genéticamente modificados, como las semillas de maíz transgénicas, son un portentoso resultado de la ciencia. Su uso en la agricultura dedicada a producir alimentos, es lo que causa controversia entre los intereses de las empresas de ingeniería genética y quienes advierten el riesgo de contaminación y pérdida de razas nativas de maíz.
Esas empresas, que son Monsanto, Dow-Agrosciences y Phi-México, presionan directamente al gobierno para que autorice más siembras de sus semillas a nivel piloto; también lo hacen indirectamente, por medio de agricultores altamente tecnificados, como la Red de Asociaciones Agrícolas del Norte de México que agrupa a organizaciones de productores de Sinaloa, Tamaulipas y Chihuahua.
Según esas organizaciones, el gobierno está retrasando el avance de la ingeniería genética en México al imponer requisitos para la siembra de transgénicos. Si esos transgénicos hubieran surgido de los laboratorios de la UNAM, el argumento tendría solidez, pero las empresas transnacionales que los desarrollaron no tienen la menor intención de compartir su conocimiento científico con nadie en México.
Por el contrario, pretenden instalarse como proveedores, sin duda únicos, de organismos genéticamente modificados en la agricultura que pueda pagarselos, que es la de grandes ex-tensiones y tecnificación como la que se practica en no más de tres millones de hectáreas en México.
El problema que señalan prestigiados investigadores en agronomía que forman parte de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, Asociación Civil, como el doctor Antonio Turrent, investigador del INIFAP (Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias), es el riesgo de contaminación de las 59 razas de maíz que hay en México y de las que obtiene su semillas de siembra más de 70 por ciento de los agricultores y campesinos.
El doctor Turrent sostiene que el uso de las semillas genéticamente modificadas pone en peligro la sobrevivencia de esas razas nativas de maíz, las cuales se han desarrollado a lo largo de miles de años a partir del teocintle. El riesgo consiste en que la fecundación inevitable de esas razas por maíces transgénicos les provoque perdida de vigor en su crecimiento y menor o nula resistencia a plagas, enfermedades y variaciones ambientales.
Esas 59 razas nativas de México son la mayor riqueza genética que hay en el planeta y están aquí porque nuestro país es el centro de origen del maíz. De perderse ese germoplasma, los campesinos perderían la posibilidad de obtener semillas de sus cosechas para la siguiente siembra. Dependerían de la compra a Monsanto de semillas y del paquete de químicos para hacerlas germinar, aunque para ello necesitarían dinero que no tienen.
La clientela de esas empresas son las unidades agrícolas con enormes extensiones y riego; para el resto, como ha dicho el doctor Turrent, los organismos genéticamente modificados “no sólo ponen en riesgo su seguridad alimentaria, sino nuestra manera de vivir”.
Pero además, aunque la ingeniería genética puede ofrecer ventajas en siembras que no son de alimentos, como el algodón, y que tienen razón los investigadores mexicanos en biotecnología en que México no debería quedarse a la zaga en esa ciencia, hay mejores opciones económicas y sociales para el fortalecimiento de la seguridad alimentaria de nuestro país que la siembra de transgénicos de empresas transnacionales.
Económica y socialmente, sería mucho más rentable aprovechar el agua aledaña a dos millones de hectáreas que el INIFAP identifico en ocho estados del sur-sureste del país, las cuales no tienen riego. Por esa carencia, se siembran atenidas al temporal del ciclo primavera verano, a pesar de que en esos ocho estados esta 60 por ciento del agua superficial disponible en toda la República Mexicana.
El INIFAP condujo ese proyecto desde 1997, sin que el gobierno haya puesto los medios para su aplicación. Consistió en siembras de maíz bajo riego en diez localidades representativas de la región. Con semillas mejoradas, agua y adecuada fertilización, se pudo obtener un rendimiento promedio de ocho toneladas por hectárea.
Si se acondicionaran esos dos millones de hectáreas con pequeña irrigación, se añadirían 16 millones de toneladas de maíz a la producción nacional anual, que hoy en día tiene un déficit de diez millones de toneladas que hay que importar a precios crecientes.
Si los campesinos de Tabasco, Chiapas, Campeche y de toda esa región tuvieran el nivel de organización y capacidad de presionar que muestra Monsanto, sus tierras ya estarían irrigadas desde hace años y estaríamos exportando maíz, en vez de importarlo.
Fuente: El Financiero, Opinión, p. 27.
Articulista: Guillermo Knochenhauer.
Publicado: 29 de marzo de 2011.
