La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables del Senado de la República inició la revisión del andamiaje normativo y jurídico con el que trabajan las ONG para impulsar una reforma que facilite su trabajo comunitario a partir de flexibilización de trámites para ponerlas en marcha y garantías de seguridad para voluntarios.
El presidente de esta Comisión, el senador panista Guillermo Tamborrel, admitió que ningún gobierno municipal, estatal o federal podrá suplir la “calidez” y dedicación con la que trabajan las ONG, por lo que es necesario evitar “a toda costa” que éstas cierren ante el temor del crimen.
Esta comisión elabora modificaciones a la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, Ley de Desarrollo Social, el Código Civil y la Ley del Impuesto sobre la Renta para que puedan desempeñar más fácilmente su importante labor solidaria y subsidiaria, con el objetivo de que este tipo de costos no las ahoguen, pues además de que tienen que pagar por el personal que trabaja en ellas y costear los bienes y servicios que brindan, tienen que cargar con el peso de una enorme cantidad de trámites, mismos que el Estado debe atenuarles, refirió.
El proyecto incluye la propuesta de elaborar un paquete de “estímulos fiscales” para las ONG que contraten personas con discapacidad y personas adultas mayores mediante la reducción del impuesto sobre la renta, así como para que en el caso de concurso para la adquisición de bienes o servicios en el sector público, se de preferencia a las empresas.
En tanto, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos (PT), Rosario Ibarra, consideró que las Organizaciones no Gubernamentales continúan trabajando y afrontan “con carácter” los riesgos que podría representar brindar asesoría jurídica en la franja norte del país.
Recordó que las organización no tienen la facultad de demandar al crimen organizado, sino que simplemente ayudan a las víctimas de este delito.
“No sé de ninguna organización de derechos humanos que esté detenida por miedo; no creo que eso suceda en el país”. Se comprometió a averiguar qué sucedió con las organizaciones que suspendieron actividades, según informó en su edición impresa de ayer EL UNIVERSAL.
Rescate para Chihuahua
La diputada Antonieta Pérez Reyes (PAN) demandó que el gobierno federal implemente un plan de reconstrucción económica y social, en Ciudad Juárez, Chihuahua, que en los últimos dos años ha registrado daños catastróficos, por la violencia imperante.
Dijo que la economía de esa ciudad fronteriza sólo se repondrá si llega un plan de reconstrucción, como si se tratara de una zona devastada por las fuerzas naturales, pues sola no podrá reactivarse.
Consideró que el cierre de 7 mil empresas, la salida a El Paso de grupos de la población, generan condiciones que desarticulan la economía de la fronteriza Ciudad Juárez. Insistirá para que en la Ley de Ingresos se considere la situación de Ciudad Juárez y que se brinde un trato diferente, con un esquema impositivo que aliente la vuelta de los negocios en esa frontera.
Lamentó que por el contrario, una organización civil, “Los Ojos de Dios”, que lleva apoyo a niños con discapacidad reciba el trato de corporación comercial y IMSS haya procedido al embargo de sus instalaciones, ya que esta asociación sin fines de lucro ha topado con problemas de pago a sus obligaciones.
Fuente: El Universal; Nación, A10.
Autor: Elena Michel y Juan Arvizu
Publicada: 5 Octubre de 2010
