Atama e Inizzio no existen en los domicilios fiscales en los que fueron facturadas las tarjetas
El PRI sí utilizó una red de financiamiento de empresas fantasmas para distribuir tarjetas Monex en las elecciones de 2012, señala un proyecto de resolución del IFE que hoy será presentado ante el consejo general.
El órgano electoral indica que el tricolor contrató a la empresa Alkino, a la que pagó 66.3 millones de pesos por la «dispersión» de 9 mil 924 tarjetas, de las cuales entregó 7 mil 851.
Agrega el IFE que, durante su investigación, Diana Beatriz Gil Rodríguez, representante legal de Alkino, comunicó al Instituto que celebró con Comercializadora Atama un «contrato de préstamo comercial con intereses y servicios accesorios» por 66.
3 millones de pesos.
A su vez, Atama decidió utilizar a Comercial Inizzio, que fue la que finalmente abrió la cuenta con Banco Monex para cargar dinero a las tarjetas, las cuales fueron repartidas por el PRI para pagar a su estructura electoral.
Atama e Inizzio no existen en los domicilios fiscales en los que fueron facturadas las tarjetas.
Además, ambas empresas fantasmas tienen a los mismos accionistas: Ramón Paz Morales, quien se dedica a diferentes oficios y no tiene posibilidad de manejar cantidades millonarias, y Juan Óscar Fragoso Oscoy, ya fallecido.
En la investigación, la Unidad de Fiscalización reconoce a Paz Morales como Administrador Único de Atama. De acuerdo con la investigación, él fue quien presentó la documentación comprobatoria.
El IFE requirió a Paz Morales el 17 de agosto de 2012 para que informara si Atama contrató con Banco Monex la adquisición de tarjetas de prepago. La representación legal de la empresa admitió tener un contrato de comisión con Inizzio.
Paz Morales tiene registrado su domicilio fiscal en Sinaloa 92, Colonia Roma Norte, pero en ese lugar nadie lo conoce.
La empresa Atama tiene su domicilio fiscal en Paseo de la Reforma 15, pero esa dirección no existe.
A Inizzio, Monex le facturó en el domicilio de Homero 136, despacho 1004, Colonia Polanco; sin embargo, ese despacho es un consultorio dental.
Aunque el dictamen detalla la red de financiamiento, no señala ninguna violación a la ley. La resolución será votada hoy en sesión del consejo general del IFE.
«No existe indicio alguno que arroje que dichas operaciones sean ilícitas, pues derivado de la celebración de diversos contratos o bien, de la suscripción de diversos títulos de crédito (pagarés) es que las empresas realizaron pagos a la cuenta que por la adquisición de las tarjetas multicitadas se apertura en Banco Monex», sostiene.
Pierde empresa con las tarjetas
A Alkino, la empresa contratada por el PRI para la dispersión de las tarjetas Monex, no le resultó el negocio con el partido.
La firma cobró apenas 3 por ciento de interés de una deuda que el PRI le empezó a pagar dos meses después y le liquidó 10 meses más adelante.
Según el IFE, el tricolor se obligó a pagar, por concepto del financiamiento que se le otorgó, 3 por ciento de interés mensual a partir de que dispusiera de los recursos, los cuales serían entregados de forma periódica en las tarjetas.
Pero la empresa pagó por intereses y servicios adicionales un millón 221 mil 436.35 pesos más de lo que cobró.
El documento indica que en total, por concepto de intereses, el PRI pagó 5 millones 912 mil 500.67 pesos.
A su vez, Comercializadora Atama hizo los 16 primeros pagos por un total de 14 millones 143 mil 318.44 pesos a la cuenta en Banco Monex.
Según el documento del IFE, Atama solicitó a Grupo Koleos y Tiguan que depositaran a esa cuenta facturas que le debían a la empresa por servicios no relacionados con el PRI.
En total, 13 empresas realizaron 37 pagos por un importe total de 45 millones 37 mil 802.48 pesos, y tres ciudadanos realizaron pagos por 26 millones 778 mil 47.49.
El monto total facturado fue de 70 millones 800 mil 508 pesos.
El costo de las tarjetas para el PRI fue de 140 mil 173 pesos, y se cobró una comisión de 742 mil 53 y 141 mil 156 pesos de IVA.
De lo anterior se desprende un total de 71 millones 823 mil 891 pesos; no obstante, el IFE plantea en el proyecto de resolución contabilizar como gastos de campaña de la coalición Compromiso por México alrededor de 50 millones de pesos.
Fuente: Reforma
