Pocos son los países que cubren el alto costo de generalizar el tratamiento para personas cero positivas, y México es uno de ellos sin ser industrializado.
Aquí no hay enfermo que haya desarrollado VIH/SIDA (200,000 se calculan hoy) al que le falten sus antirretrovirales, porque sea o no derechohabiente tiene la protección social para tratar su enfermedad.
Quedó por ley. Son 5,000 millones de pesos lo que el sector público ha gastado para atender a este segmento en los últimos tres años (un promedio de 1,667 millones por año), que deriva en cerca de 5,000 muertes anuales.
De ahí que resulta razonable la posición del gobierno mexicano de buscar el mejor precio en la negociación con las farmacéuticas productoras de antirretrovirales innovadores, que tendrían que reconocer los esfuerzos de México en este renglón y corresponder en consecuencia.
La Secretaría de Salud, a cargo de José Ángel Córdova Villalobos, no se mueve de su objetivo de reducir el costo que le significa la compra de medicamentos para estos pacientes.
El Economista, “Salud y negocios”, Empresas y negocios, p. 59
