Los menores que se encuentran detenidos en tutelares de la Ciudad de México sufren maltrato por parte del personal de seguridad, viven en instalaciones con falta de mantenimiento en áreas como dormitorios y baños, y acusan que la comida que les dan es insuficiente así como el personal médico que los atiende.
Así lo documentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al examinar el trato y las condiciones de internamiento en cinco penales para menores de la Ciudad de México.
Tras visitar los centros de reinserción social para el Desarrollo de Adolescentes, de Diagnóstico Integral para Adolescentes, Especializada para Adolescentes “Dr. Alfonso Quiroz Cuarón”, para Mujeres y la de Tratamiento Especializado para Adolescentes, la CNDH emitió el informe 1/2017, que da cuenta de las deficiencias que imperan en esos centros de detención.
Este informe se elaboró con base en entrevistas con los servidores públicos que se encontraban a cargo de los tutelares al momento de las visitas, personal médico y de seguridad, así como con las personas privadas de su libertad al momento de las visitas.
Estas son las situaciones de riesgo que detectó la CNDH.
Insultos y malos tratos
A través de cuestionarios anónimos aplicados en la Comunidad de Diagnóstico Integral para Adolescentes, cinco menores internos aseguraron que fueron víctimas de maltrato por parte del personal de seguridad.
Durante la visita a la Comunidad para Mujeres, las adolescentes detenidas acusaron que como “castigo” se les ordena cortar el pasto y las hierbas del jardín, actividad que deben realizar a mano limpia, sin guantes ni herramientas y “hasta que el personal de seguridad lo decide”.
Existen deficiencias en la iluminación artificial; sistemas hidráulicos y de drenaje; fugas de agua y humedad; inadecuadas condiciones de higiene y presencia de fauna nociva
En tanto que en la Comunidad de Tratamiento Especializado, dos adolescentes refirieron haber sido insultados por el personal médico del tutelar, así como de agentes de seguridad y custodia.
“Los hechos mencionados requieren de especial atención por tratarse de actos que vulneran el derecho a recibir un trato digno y desde la perspectiva de constituirse como factores de riesgo en materia de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, pueden ser prácticas comunes por parte de las autoridades, particularmente cuando se trata de un grupo de personas que se encuentra en situación de vulnerabilidad por ser menores de edad”, indica el informe de la CNDH.
Riesgos de incendio en tutelares
Los menores internados en tutelares capitalinos enfrentan falta de mantenimiento en dormitorios y servicios sanitarios, así como en los talleres, las aulas y los patios.
“Particularmente, existen deficiencias en la iluminación artificial; sistemas hidráulicos y de drenaje; fugas de agua y humedad; inadecuadas condiciones de higiene y presencia de fauna nociva, así como vidrios rotos e instalaciones eléctricas improvisadas que implican riesgo de probables lesiones y de corto circuito e incendio”, explica la CNDH.
Un caso citado en el informe indica que en la Comunidad para Mujeres, “el área de regaderas carece de puertas, por lo que no existe privacidad durante la ducha”.
Estas fallas se detectaron a pesar de que la Ley Nacional del Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia penal para Adolescentes, en el artículo 235, fracciones VI y VII, dispone que los Centros de Internamiento deben contar con la capacidad para recibir personas en condiciones adecuadas, y en particular dormitorios con luz natural y eléctrica e instalaciones sanitarias limpias y situadas de modo que las personas internadas puedan satisfacer sus necesidades fisiológicas con higiene y privacidad.
“Es necesario que se realicen las gestiones y acciones pertinentes para que las instalaciones de los centros de internamiento referidas reúnan las condiciones de habitabilidad y de higiene necesarias para garantizar a las personas menores de edad privadas de la libertad una estancia digna y segura, particularmente para que cuenten con iluminación suficiente, servicios sanitarios en adecuadas condiciones de funcionamiento que les permitan satisfacer sus necesidades en el momento oportuno y con privacidad”, determinó el organismo.
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Sin comida y sin médicos suficientes
En la Comunidad para mujeres, los señalamientos sobre que la comida es insuficiente y repetitiva son la constante, indica el informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pese a que el derecho a recibir alimentación adecuada es una de las prerrogativas que toda persona privada de su libertad posee, además de que el suministro constituye una de las obligaciones básicas de las autoridades responsables de su custodia.
“Por lo anterior, se recomienda realizar las acciones pertinentes para garantizar que las adolescentes privadas de la libertad en la Comunidad para Mujeres reciban alimentos preparados, cuyo valor nutritivo sea el adecuado para el mantenimiento de su salud”.
La escasez de alimentos no es la única que enfrentan los internos de los tutelares capitalinos, ya que el informe establece que existe carencia de médicos generales y de medicamentos para tratarlos.
Estas situaciones se presentan en la Comunidad para el Desarrollo de Adolescentes, donde se requiere de un médico general para cubrir ausencias, además de que el cuadro básico de medicamentos es insuficiente.
Una situación similar se vive en la Comunidad de Diagnóstico Integral para Adolescentes, donde la unidad odontológica está en malas condiciones de funcionamiento, mientras que en la Comunidad Especializada para Adolescentes, parte del equipo del consultorio médico requiere de mantenimiento.
La Comunidad para Mujeres no se salva de estas situaciones, puesto que carece de personal médico y de enfermería para cubrir ausencias.
Otro de los problemas relacionados con servicios de salud para los menores internos es que solo se cuenta con una ambulancia para atender a estos cinco penales para menores, “lo que resulta insuficiente”. A ese problema se debe agregar que hay ocasiones en que la ambulancia no está disponible debido a alguna falla mecánica.
Discriminan a grupos vulnerables
Las personas con discapacidad física que están internadas en los tutelares para menores son víctimas de prácticas discriminatorias, ya que las instalaciones de estos penales no cuenten con el acceso apropiado para el desplazamiento de las personas con discapacidad física, tales como rampas, pasamanos o elevadores.
“Por lo anterior, se deben realizar las gestiones pertinentes para que en las comunidades para adolescentes referidas se lleven a cabo las modificaciones y adaptaciones que faciliten el acceso y el libre desplazamiento de las personas con discapacidad”, concluye la CNDH.
Fuente: AnimalPolítico
