Así como sucede con la cada vez más grande economía informal, los mexicanos estamos acostumbrados a la solidaridad informal. Ésa que no pasa por ninguna institución y que no tiene prácticamente ningún reconocimiento público.
Baste con decir que en un país de más de 100 millones de personas, únicamente hay alrededor de 6,000 instituciones “donatarias autorizadas” –organizaciones filantrópicas que pueden emitir recibos deducibles de impuestos.
En contraste, las organizaciones que no son “donatarias autorizadas” suman unas 20,000, también un número relativamente bajo con relación al peso demográfico del país, muchas de ellas incluídas en la categoría de CLUNIS; esto es, organizaciones con Clave Única que pueden recibir recursos por parte del Indesol. Pero el reducido número de organizaciones filantrópicas no es el único factor que es atípico del llamado “Tercer Sector” mexicano si lo comparamos con lo que sucede en otros países.
Entrevistado por El Economista, Jorge Villalobos, presidente ejecutivo del Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) aseguró que otra variable a considerar es la forma de financiamiento de las organizaciones mexicanas. Mientras que en otros países el gobierno aporta en promedio 40% del financiamiento, en México ese porcentaje es únicamente de 10 por ciento.
La mayor parte de los recursos aproximadamente 80% para ser exactos– viene de cuotas de sus afiliados y servicios que ofrecen al público. El restante 10% se compone de donaciones de personas y fundaciones. Estas organizaciones son las que movilizan alrededor de 25,000 millones de pesos anuales en efectivo.
A esta cantidad, Cemefi ha calculado que se le suman otros 7,000 millones de pesos anuales. Con ello, las donaciones en México están alrededor de 32,000 millones de pesos.
Desconfianza a pesar de que en los últimos 10 años el sector filantrópico mexicano ha crecido, existen todavía obstáculos estructurales que frenan su fortalecimiento y consolidación. Uno de ellos, dice Villalobos, es “la desconfianza que todavía existe en México acerca de la participación ciudadana”, lo cual se traduce en un “marco legal y fiscal no pensado en términos promotores, sino en términos restrictivos”.
Villalobos menciona que se debe superar el tema de la desconfianza porque “a fin de cuentas a los gobiernos les conviene que las personas participen y aporten al bien público a través de estas organizaciones”.Pero la desconfianza no sólo viene del sector gubernamental.
En México, una percepción ciudadana bastante generalizada es que las organizaciones filantrópicas las grandes empresas, los grandes nombres del mundo de los negocios se involucran en acciones en este sector simplemente para no pagar impuestos o para tratar de mejorar su imagen pública. Para el Presidente Ejecutivo de Cemefi, ésta es una percepción errónea.
Lo importante, asegura, es que en México hay gente “participando en lo público por la motivación que sea”. Eso, finaliza enfático, es lo verdaderamente valioso.
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