La reglamentación eléctrica que será publicada aterriza la operación de un nuevo modelo con múltiples actores: suministradores y usuarios calificados del mercado mayorista (más de 500 kilowatts), usuarios finales de abasto aislado, generadores del servicio universal (que por el modelo asistencial serán empresas estatales) y consumidores no calificados o público en general, así como contratistas de construcción y operación de infraestructura de transmisión y distribución y titulares de contratos de interconexión legados, mismos que harán transacciones de energía con la supervisión de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en el Sistema Eléctrico Nacional que será administrado por el Centro Nacional de Control de Energía.
Para ello, el Reglamento establece una división entre los generadores convencionales y los de energías limpias, ya que los primeros deberán comprar a los segundos Certificados de Energía Limpia (CEL). Los Lineamientos para la Emisión de CEL –también a consulta en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria– establecen que los generadores de energías limpias podrán venderlos a otros generadores y usuarios del mercado mayorista o que tengan contratos de interconexión legados, para que con éstos deduzcan un máximo de 25% de sus costos durante dos años.
Al 2028, según los lineamientos, se espera una inversión de 689,000 millones de pesos en infraestructura de energía limpia, que representa un incremento de 1.5 veces la generación del 2013, llegando a 137,188 gigawatts hora, además de la creación de 28.5 millones de certificados con los que esperan reducir en 29% las emisiones de CO2 en 15 años.
Los certificados tendrán una vigencia de cinco años y tanto el costo de cada uno de estos certificados, como los trámites de creación, adquisición o cancelación de los mismos serán elaborados por la CRE para cada una de las empresas.
Piden sacar a nuclear y gran hidroeléctrica del esquema
En los comentarios de la industria, la Asociación Mexicana de Energía Solar Fotovoltaica pidió reducir la vigencia de los CEL a tres años y establecer metas a largo plazo, por lo menos de 15 años, para determinar la evolución de la demanda de estos certificados. En el Green Power recomendó que los generadores de grandes hidroeléctricas y plantas nucleares no emitan certificados, mientras que la filial mexicana de la estadounidense AES pidió claridad jurídica en torno a quién deberá elaborar los contratos de CEL (demandante u oferente), así como la aclaración sobre si las metas de generación serán las mismas que las de la Ley de Fomento a las Energías Renovables.
Fuente: El Economista
