Los subsidios a los energéticos (gasolina, diesel y electricidad) y a los agricultores y ganaderos en México benefician sobre todo a los grupos de más altos ingresos, además de las costosísimas perversiones ambientales, distorsiones económicas y boquetes fiscales que conllevan.
El origen de los subsidios tiene por lo general una complicada economía política. Su introducción es, con frecuencia, resultado de presiones directas de grupos de interés sobrerepresentados en el sistema político o de desplantes asistencialistas y/o de clientelismo electoral por parte de los gobiernos. También se asocian con reacciones negligentes, incompetentes o demagógicas, por ejemplo, a alzas en precios internacionales de combustibles que rápidamente coagulan en intereses de sectores y grupos específicos.
Le sigue un rezago creciente en los precios internos, que la inercia o la incuria han mantenido, mientras tienden a justificarse con falsos argumentos de equidad y control inflacionario.
Ya imbricados en la cultura política y en una estructura de intereses muy reales, adquieren vida propia y quedan fuera del control de las autoridades hacendarias, ante la evolución de los precios internacionales (en el caso de los energéticos) y una clara propensión a la búsqueda y mantenimiento de rentas por parte de diversos grupos y organizaciones (como en el caso del Procampo, Progan, combustibles pesqueros y agua).
Entonces, la dificultad de dominarlos y eliminarlos es formidable, y en ausencia de visión, audacia, responsabilidad y capacidad persuasiva, liderazgo, y fórmulas alternativas convincentes por parte del gobierno, los subsidios tienden a excavar una oquedad cada vez mayor en las finanzas públicas. Por supuesto, también, a profundizar el deterioro ecológico del país y a alejarlo de cauces de desarrollo sostenible a largo plazo, neutralizando los esfuerzos que buenamente puedan hacerse desde las entidades a cargo de los temas de medio ambiente y recursos naturales.
Para justificar, tanto los subsidios a los combustibles automotrices como a la electricidad y al agua, se esgrimen con frecuencia argumentos relacionados con nociones de justicia, equidad y derechos sociales. Baste observar que el mismo efecto redistributivo puede lograrse con subvenciones directas al ingreso o con un sistema de vales (vouchers) sin desatar conductas y decisiones de consumo ineficientes y excesivas. En cuanto a los subsidios directos al ingreso de los productores agropecuarios, la reflexión es similar.
Si la sociedad desea redistribuir el ingreso en su favor, puede hacerlo por medio de transferencias incondicionales que no distorsionen las decisiones de producción y uso de la tierra. Aunque mejor sería aplicarlas para la generación de bienes públicos ecológicos y climáticos, por ejemplo, a través de contratos por Pago por Servicios Ambientales (PSA) en un contexto de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD).
Los subsidios generalizados a los energéticos son regresivos al concentrarse en grupos de mayores ingresos. De acuerdo con estudios recientes (John Scott, CIDE), el rubro de mayor regresividad es el subsidio a las gasolinas:
75% de este subsidio beneficia a 40% del sector más rico de la población; 12.5% llega a 40% del grupo más pobre, y sólo 4% es apropiado por 20% de la gente con menores ingresos, en donde se encuentran los hogares en condiciones de pobreza extrema.
El subsidio eléctrico residencial también es regresivo, pero en un grado menor al de la gasolina. Esto se debe a la discriminación de tarifas por niveles de consumo que incrementan el precio unitario por kWh para los consumidores mayores.
Los subsidios directos al ingreso de los productores agrícolas a través de Procampo también ostentan una clara dimensión regresiva. De hecho, casi 30% de los recursos de Procampo, se concentran en sólo 3% de los beneficiarios. Aunque no están disponibles datos concretos al respecto, es previsible que también los subsidios a los combustibles de las flotas pesqueras beneficien más a los dueños y patrones de las embarcaciones con mayores consumos, por tanto, los más ricos. Lo mismo ocurre probablemente con los subsidios generalizados al consumo de agua en las ciudades.
Todas estas sinrazones y la necesidad de reorientar el gasto público liberando recursos para fines más productivos deben motivar una discusión pública honesta sobre el imperativo de desmantelar cuanto antes los subsidios a los energéticos y al ingreso de los productores agropecuarios.
Fuente: El Economista, Empresas y Negocios, p. 25.
Columnista: Gabriel Quadri (Verde en serio).
Publicada: 18 de marzo de 2011.
