El fundamento social y político de la sustentabilidad se encuentra estrechamente vinculado al proceso de profundización de la democracia y de construcción de la ciudadanía. Éste se resume, a nivel micro, a la democratización de la sociedad, y a nivel macro, a la democratización del Estado. El primer objetivo supone el fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias, la redistribución de activos y de información hacia los sectores subordinados, el incremento de la capacidad de análisis de sus organizaciones y la capacitación para la toma de decisiones; mientras el segundo se logra a través de la apertura del aparato estatal al control ciudadano, la reactualización de los partidos políticos y de los procesos electorales, y por la incorporación del concepto de responsabilidad política en la actividad pública.
Es muy importante reconocer que las dificultades provocadas por la desigualdad social y la degradación ambiental no pueden ser definidas como problemas individuales, constituyendo de hecho problemas sociales, colectivos. No se trata simplemente de garantizar el acceso, vía mercado, a la educación, a la vivienda, a la salud, o a un ambiente libre de contaminación, sino de recuperar prácticas colectivas (solidarias) de satisfacción de estas necesidades.
Actualmente “acorralado” o habiendo sobrevivido a su casi “extinción” en manos de los apóstoles del neoliberalismo, el Estado se presenta sin duda “herido de muerte”. Su principal amenaza proviene del entorno externo. La internacionalización de los mercados, de la producción y de los modelos culturales, pone en entredicho la capacidad de los Estados para mantener la unidad e identidad nacional, provocando la fragmentación de su poder y fortaleciendo los vínculos transnacionales entre segmentos dominantes. De persistir tendencias recientes habría el riesgo de tornar las políticas estatales en nada más que la ambulancia que recoge los heridos y desechables de una globalización neoconservadora, en un contexto en el cual gran parte de las decisiones que son fundamentales para la cohesión social se toman fuera de su territorio y mediante actores totalmente ajenos a su realidad.
Por último, lo que une y le da sentido a esta comprensión específica de la sustentabilidad es la necesidad de una nueva ética del desarrollo, desarrollo entendido no sólo como generar riqueza, sino que esta riqueza se distribuya y se traduzca en un desarrollo humano en donde exista educación, salud y cultura para la gran mayoría de los habitantes de la región, si lo vemos a nivel micro y de un país si lo vemos a nivel macro. Además de importantes elementos morales, estéticos y espirituales, esta concepción guarda relación con al menos dos fundamentos de la justicia social: la justicia productiva y la justicia distributiva. La primera busca garantizar las condiciones que permiten la existencia de igualdad de oportunidades para que las personas participen en el sistema económico, la posibilidad real por parte de éstas para satisfacer sus necesidades básicas, y la existencia de una percepción generalizada de justicia y de tratamiento acorde con su dignidad y con sus derechos como seres humanos.
La ética en cuanto la materialización a través de la justicia distributiva se orienta a garantizar que cada individuo reciba los beneficios del desarrollo conforme a sus méritos, sus necesidades, sus posibilidades y las de los demás individuos.
