En los pasados cinco años, la empresa alemana de electricidad y tecnología Siemens se ha visto envuelta en escándalos de corrupción.
Siemens ha sido investigada por autoridades alemanas debido a sospechas de lavado de dinero y soborno en varios países.
En abril de 2013, el diario económico más reconocido de Alemania, el Handelsblatt, reportó que el Tribunal Superior de Atenas, Grecia, estaría buscando acusar a cinco ex gerentes de la empresa por supuestos sobornos.
«Se les estaría incriminando por haber realizado activamente sobornos y lavado de dinero con políticos y funcionarios griegos para obtener contratos en ese país», señaló el diario.
Poco antes, en enero de 2013, un ex trabajador demandó al consorcio alemán en una corte de Nueva York por despido injustificado.
El taiwanés Meng-Lin Liu declaró haber sido despedido por haber informado a sus superiores sobre un caso de corrupción en una subsidiaria china.
De acuerdo con reportes de prensa, Liu estaba encargado de vigilar las normas anticorrupción de la compañía, lo que trató de cumplir en un proceso de compra de aparatos médicos.
En diciembre de 2012, el público alemán se enteró del caso de corrupción por el que Pemex ha demandado a Siemens.
Un año antes, en diciembre de 2011, el Ministerio de Justicia de Estados Unidos y el FBI dieron a conocer que estarían realizando pesquisas contra siete ex funcionarios de alto nivel de Siemens.
Los «top-manager» habrían sobornado a autoridades argentinas con más de 100 millones de dólares para un contrato de producción de nuevas identificaciones por miles de millones de dólares.
Las autoridades estadounidenses serían capaces de perseguir estos delitos en el extranjero amparados por la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Estos hechos habrían tenido lugar en Argentina en los años 1990.
En noviembre de 2011, las autoridades alemanas investigaron a tres trabajadores del consorcio por la sospecha de infidelidad, soborno y creación de las llamadas «cajas B», dinero dedicado a actividades sospechosas.
Estos trabajadores se habrían hecho de contratos de operadores caribeños con supuestas donaciones.
Unos meses antes, en junio de 2011, la fiscalía de Múnich investigó la construcción de una fábrica en el emirato de Kuwait.
Ahí los trabajadores de la empresa habrían sido presionados por un empleado de un ministro a dar sobornos a principios de 2011 para quedarse con el contrato de construcción de valor de 180 millones de euros frente a un competidor japonés.
El consorcio alemán se ha abstenido de hacer declaraciones al respecto en el pasado, o ha justificado que los acusados son los ex empleados y no el consorcio mismo.
Fuente: Reforma
