Si bien las recientes reformas aprobadas por la Cámara de Diputados no reducirá al 50% el salario del trabajador que se enferme por causas laborales, cómo se había mal interpretado en los medios de comunicación, sí suponen un riesgo para los empleados y su salud, ya dejaría vulnerables sus derechos, explica la diputada Araceli Damián.
A la legisladora de Morena se le atribuía el error en la interpretación de lo aprobado hace días por el Pleno de la cámara baja, sin embargo, en entrevista con Forbes México precisa que su posicionamiento no fue leído correctamente y que en esencia ella y la bancada de su partido lo que hicieron fue alertar sobre el riesgo que implica para los trabajadores permitir que ahora sea la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de la mano del sector patronal y sindicatos ‘charros’, la que ahora determinará cuáles enfermedades serán susceptibles de pago.
“Lo que se aprobó fue sacar de la Ley Federal del Trabajo (LFT) la tabla de enfermedades causadas por esa actividad, por lo que ahora no será el Legislativo el que defina ese listado, sino dicha Comisión que lamentablemente opera en un esquema tripartita, igual que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), en el que no hay representatividad para los trabajadores mexicanos”, detalla.
Araceli Damián señala que sacar las Tablas de Enfermedades de Trabajo y Valuación de Incapacidades Permanentes de la LFT para convertirlo en un ordenamiento administrativo le quita certeza jurídica a los trabajadores -al salir del cuerpo de la Ley Reglamentaria del Artículo 123 Constitucional-, y que deja fuera del proceso al Legislativo y obliga al Ejecutivo a validar prácticamente lo que determine la Comisión Consultiva Nacional.
El pasado martes 21 de febrero de 2017, la Cámara de Diputados aprobó un dictamen por el que se reforman los artículos 513, 515, y se adiciona un artículo 515 bis a la LFT en materia de dichas tablas, con el objetivo de que el Ejecutivo actualice las tablas a partir de las recomendaciones realizadas por un grupo tripartito de expertos (Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo).
Con 303 votos a favor, 86 en contra y 10 abstenciones en lo general, diputados del PAN, PRI, PVEM, Panal y PES dieron luz verde al dictamen que reforma dichos artículos.
Así funcionaría lo aprobado
La diputada morenista explica que sí es necesario actualizar las tablas, que entraron en vigor en 1970, ya que hay nuevos padecimientos, sobre todo los relacionados con las nuevas tecnologías, y reitera que es erróneo decir que un empleado perderá la mitad de su sueldo en caso de enfermedad o accidente.
Araceli Damián detalla que cuando la enfermedad que aqueja a un trabajador se encuentra en dichas tablas, ese empleado recibirá el 100% de su salario hasta por año y medio, y el responsable de pagar éste será el patrón. Por el contrario, si el padecimiento no está en el listado (sino en el de enfermedades generales), el que pagará en este caso será el IMSS y sólo cubrirá el 60% del salario.
En el caso de que se sufra una incapacidad permanente y se encuentre dentro de la tabla, se le puede otorgar el 70% del salario promedio que recibió en las últimas 52 semanas; en caso contrario, que su caso no esté en esas tablas, recibiría el 35% del promedio de las últimas 500 semanas.
“Eso le baja mucho (al trabajador) el ingreso que va a obtener”, resalta la diputada, quien además advierte que se corre el riesgo de que también se reduzca el número de las enfermedades e incapacidades que actualmente se tienen registradas.
Asimismo, dice que con esto se deja en manos del patrón, la autoridad federal (la STPS) y las cúpulas gremiales la decisión sobre cuáles son las enfermedades de trabajo y qué tipo de accidentes merecen incapacidad permanente, lo que más que privilegiar el problema de salud pública le abre la puerta a los intereses económicos por encima de la salud y los derechos laborales.
Por último, destaca que su bancada impulsaba una propuesta para que fueran instituciones de educación superior y médicos de reconocido prestigio, los que determinaran la lista de seguridad e higiene en el trabajo, pero ésta no prosperó.
Ahora, la iniciativa fue turnada al Senado de la República, donde los legisladores deberán discutir y avalar o modificar lo aprobado en la cámara baja. No hay una fecha límite para su aprobación, pero una vez que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Comisión Consultiva tendrá seis meses para definir las nuevas tablas.
Fuente: Forbes
