Con la construcción del Tren Maya, el actual gobierno de México señaló que busca «abrir oportunidades de comercio y desarrollo social», cita la Secretaría de Turismo. El megaproyecto social recorrerá unos 1,500 km y pasará por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Esta empezó en 2018 y entraría a operar como un tren regional para locales, turistas y carga a principios de 2021. Sin embargo, el 30 de mayo de 2022 un juez ordenó la suspensión de las obras del tramo más polémico, el 5, situado entre Playa del Carmen y Tulum, por motivos ambientales, de acuerdo con DW.
Como una actualización de la noticia, el día 18 de julio de 2022 se ha blindado la construcción al declararla un asunto de seguridad nacional, esto significa que la obra retomará sus operaciones en el tramo que se encuentra de manera paralela a la zona turística de Playa del Carmen. Además, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, sostuvo que quienes están en contra de este proyecto es porque se encuentran ligados con la corrupción.
Se afirma que los funcionarios estaban esperando una resolución a la suspensión para reanudar la obra, pero el tiempo que estaba provocando fuertes pérdidas de recursos, por lo que se decidió realizar la declaración y continuar con las labores.
Esto deja de lado e ignora en totalidad el impacto negativo a nivel ambiental y social que está provocando la obra y por el cual se estaba teniendo este análisis, sobre si continuar o no la misma.
Tren Maya falla en impacto ambiental
Desde sus inicios el Tren Maya se ha visto envuelto en varias controversias. Las cuales van desde irresponsabilidad sobre el impacto ambiental, costos y, más recientemente, falta de transparencia en los contratos asignados a la Sedena.
De acuerdo con informes de Greenpeace, el proyecto de inversión de la administración actual carece de la aprobación de varios sectores sociales. Entre ellos, especialmente las comunidades que se verán afectadas de forma directa.
El principal argumento que permitió que un juez detuviera la obra se inclina a favor de una demanda que alega que la línea ferroviaria «provocará un daño irreversible en el complejo sistema de cenotes, cavernas y ríos subterráneos de la región». El cual apunta a la construcción del tramo 5, que involucra Playa del Carmen y Tulum, las cuales han sido señaladas por ambientalistas, como una de las regiones selváticas, marinas y subterráneas más valiosas del mundo por su diversidad.
Al respecto, el grupo ambientalista Greenpeace señaló que, hasta el momento, no hay información suficiente para establecer el grado de daño ambiental del Tren Maya.
Respecto al tramo 5
En un principio se habló de un costo de inversión de 31 mil millones de pesos para el tramo 5. Mismo que aumentó 92%, hasta llegar a 59 mil 603 millones de pesos, de acuerdo con Reforma.
Este tramo, que va de Cancún a Tulum se dividió en dos partes: Norte y Sur, y ha permanecido suspendida por el Juez Primero de Distrito del estado de Yucatán, Adrián Fernando Novelo Pérez. El cual ha señalando que se iniciaron trabajos en la selva sin tener Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
«Procede conceder la suspensión para el efecto de que se suspenda o paralice cualquier acto que tenga como finalidad la continuación de la construcción del tramo cinco, sector sur, del Proyecto Tren Maya»
Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán.
Tren Maya falla en transparencia y costos
Si bien el proyecto original contemplaba 120 mil millones de pesos, cuando se presentó en 2018, las últimas modificaciones en su ruta y mecanismo de vías había ascendido a los 230,000 millones de pesos, de acuerdo con Obras Expansión.
Desde la electrificación y cambios en la ruta, hasta problemáticas sociales han ido atrasando la construcción del tren. Al respecto, un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) advirtió que más del 70% de algunos de los proyectos de inversión social del actual gobierno, como son los Bancos del Bienestar y el Aeropuerto de Santa Lucía, han sido contratos de asignación directa a la Sedena. Además de que muchos de ellos no se han transparentado aludiendo a la «seguridad nacional».
Ello a pesar de que el gobierno federal ha declarado la lucha contra la corrupción como una de sus principales banderas. Sin embargo, las acciones y los resultados reflejan que el fenómeno de la corrupción continúa siendo un tema complejo y desatendido para el actual gobierno.
