La responsabilidad social empresarial (RSE) cada vez más cobra más relevancia en los presupuestos privados, aunado a que la imagen pública exige corporativos comprometidos con causas sociales, educativas, salud y ambientales.
Tener reglamentos, normativas o leyes en el sector evita que determinadas acciones empresariales sean un greenwashing (campañas engañosas que sólo recurren a la responsabilidad social como truco de mercadotecnia) y que en verdad busquen transformar e impactar de manera positiva a la sociedad.
Un ejemplo de este avance legal se realizó en Europa con la modificación al Código de Comercio de España de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo de Auditoría de Cuentas en materia de información no financiera y diversidad en el caso empresarial.
Esta nueva reglamentación modifica la divulgación de información no financiera e información sobre diversidad por parte de determinadas grandes empresas y grupos, teniendo como objetivo identificar riesgos para mejorar la sostenibilidad empresarial y aumentar la confianza de los inversores, los consumidores y la sociedad en general.
Alberto Andreu Pinillos, profesor asociado de la Universidad de Navarra y senior advisor de EY España y de Atrevia, declaró a ExpokNews que este tipo de informes no financieros brindan a las empresas la posibilidad de demostrar “la excelencia y transparencia para diferenciarse de los competidores”.
Añadió que esta nueva ley cambiará determinadas políticas. Por ejemplo, si se tiene que reportar la brecha de género, lo normal es que las empresas no quieran quedar mal retratadas en un benchmark con sus competidores. Lo mismo pasará con el pay gap, el control de emisiones, pago de impuestos, responsabilidad social, etc.
Mencionó que “ser socialmente responsable no sólo tiene que ver con el dinero que se dedica a proyectos sociales (que es algo necesario y muy relevante) sino también con la forma en la que se generan los ingresos”.
Aceptó que “las grandes corporaciones que operan en países europeos o en Latinoamérica con distintos estándares legislativos tienen varios retos: mantener su cultura corporativa y ciertos mínimos comunes en temas no financieros ser competitivas en cada mercado mantener una estructura de costos acorde al mercado y cumplir la ley de cada nación”.
Por su parte, Antonio Vives, asociado principal y exprofesor adjunto de la Universidad de Stanford,Estados Unidos,dijo a ExpokNews que es cierto que la diseminación de la información requerida a la empresa puede demostrar sus compromisos en responsabilidad social, el medio ambiente y obtener el favor de sus stakeholders, como clientes, trabajadores, etc., lo cual puede potencialmente reducir costos y mejorar ingresos.
Mencionó que este tipo de regulaciones hará tomar conciencia al empresario sobre el comportamiento de su marca, en temas como son discriminación por género o en emisiones de carbono.
“No creo que el hecho de existir estas regulaciones desestimule la inversión, en realidad son solamente regulaciones de proporcionar información, no son regulaciones que exigen hacer nada. Y aplican solamente para empresas relativamente grandes (con más de 500 empleados y más de 20 millones de euros en activos y 40 millones en ingresos así como a las que cotizan en bolsa)”, dijo.
Qué es esta nueva directriz europea
La normatividad española subraya que se debe ampliar el contenido exigido en el informe anual de gobierno corporativo que publican las empresas, en aras de mejorar la transparencia facilitando la comprensión de la organización empresarial y de los negocios de la corporación de que se trate.
Esta directriz lo que destaca es que la “divulgación de información no financiera o relacionada con la responsabilidad social corporativa contribuye a medir, supervisar y gestionar el rendimiento de las empresas y su impacto en la sociedad”.
El estado de información no financiera que se dé a conocer deberá incluir datos en relación al medio ambiente, economía circular, uso sostenible de los recursos, cambio climático, empleo, organización del trabajo, salud y seguridad, relaciones sociales, accesibilidad universal de las personas con discapacidad, información sobre derechos humanos y lucha contra la corrupción.
La información no financiera podrá incluir información sobre la prevención de las violaciones de derechos y, en su caso, sobre las medidas para mitigar, gestionar y reparar los posibles abusos cometidos.
De esta manera, se siembran las bases para la transición hacia una economía mundial sostenible que combine la rentabilidad a largo plazo con la justicia y responsabilidad social así como la protección ambiental.
La transparencia es otro de los aspectos en los que incide el concepto de RSE impulsado por la Unión Europea. Este principio es una invitación a que las empresas e instituciones informen sobre cuestiones relevantes relacionadas con su actividad para lograr un mercado con reglas claras y que sean del conocimiento de sus actores involucrados.
Por el momento, queda una tarea pendiente: conseguir que los informes de sostenibilidad se unifiquen en todos los países de la Unión Europea, expresó Vives.
Además que esta legislatura permite seguir el camino de cumplimiento del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos de ONU, entre otros marcos legales en la materia.
Tan importante información no financiera como la financiera
Jaime Silos, director de Desarrollo Corporativo de la empresa española Forética, especializada en aspectos sociales, ambientales, gestión empresarial y de buen gobierno, indicó que el aspecto más positivo de la ley es precisamente equiparar en importancia la información financiera con la no financiera.
En entrevista con ExpokNews, dijo que “cuando analizamos el contexto de los negocios actualmente, especialmente cuando las empresas fracasan, nos damos cuenta de que la mayor parte de las veces los colapsos empresariales vienen provocados por aspectos extra financieros. Por ejemplo, un caso de corrupción, un accidente ambiental, una vulneración de derechos humanos”.
Recalcó que el debate se centra más en la oportunidad que en la obligatoriedad, “esto debido a que el mayor interés por parte de los mercados financieros es a invertir en compañías responsables y sostenibles”.
Puntualizó que este tipo de leyes son catalizadores de comportamientos enfocados a las finanzas sostenibles.
“En otras regiones del planeta, parte de la motivación responde aún a aspectos reputacionales o meramente filantrópicos. La experiencia europea nos muestra que se trata de un viaje que va desde lo más periférico -acción social y filantropía- hasta el corazón del negocio en su estrategia, finanzas y gobernanza”, subrayó.
¿Y México?
Al solicitar la opinión del experto Antonio Vives sobre la realidad de México en acceso a la información no financiera y acciones sociales, explicó que “la transparencia en el país es todavía muy baja, se limita sólo a las grandes empresas, ya sean de tradición familiar o las que cotizan en la bolsa de valores, o algunas que tengan negocios con grandes compradores de países más desarrollado que exijan esa información”.
