La postura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es más que evidente en el tema de inmigrantes. Este polémico discurso lo llevó a la silla presidencial, y gran mayoría de sus decisiones y propuestas lo han confirmado.
Un dictamen de la Suprema Corte de Estados Unidos, dictamina desde 1982 que es ilegal impedir que los niños acudan a escuelas públicas con base a su condición migratoria. ¿El propósito de Trump? Trabajar con diversos funcionarios para no acatar este dictamen.
La iniciativa busca que los niños inmigrantes no asistan a escuelas públicas.
Trump buscó impedir que niños inmigrantes asistan a escuelas públicas
Stephen Miller, un alto asesor de Trump, apoyó la iniciativa para restringir el acceso a la educación en escuelas públicas a niños inmigrantes que no cuentan con documentos.
Además, la administración quería emitir un memorándum guía para el Departamento de Educación, con el propósito de informar a los estados que era posible negarles la admisión a la escuela a niños inmigrantes.
Sin embargo, “el memorándum no fue emitido porque el secretario nunca lo consideraría”, dijo a Bloomberg Liz Hill, portavoz del Departamento de Educación.
De acuerdo a una fuente cercana, estas afirmaciones son rumores, ya que hasta la fecha no se ha especificado un comunicado oficial.
Recordemos que hace unos meses, Trump dijo que matricular niños indocumentados era colmar a los sistemas de escuelas públicas, usando fondos que deberían ir a los ciudadanos documentados.
Estamos usando los fondos que deberían ser para ellos[…] y eso no debería suceder. Y no va a suceder en un período de tiempo muy breve.
No obstante, la propuesta de Trump fue rechazada. Los funcionarios expusieron que sus planes estaban en conflicto directo con el fallo de la Suprema Corte en Plyler, v. Doe, y que era imposible llevarse a cabo.
Dicho documento especifica que los estados no pueden prohibir a los niños inscribirse a las escuelas públicas con base en su condición migratoria.
Además, ese papel también se encargó de anular un estatuto del estado de Texas que negaba financiamiento para educar a niños indocumentados. El estatuto cobraba una cuota anual de mil dólares por cada niño indocumentado en escuelas públicas para compensar el financiamiento perdido.
Y es que la Corte dictaminó en una decisión de 5-4 que esta política violaba la Decimocuarta Enmienda, la cual dice que los estados no pueden “privar a ninguna persona de la vida, la libertad, o la propiedad sin el debido proceso ante la ley; tampoco negarle a cualquier persona dentro de su jurisdicción la protección equitativa de la ley”.
Por su parte, el juez William Brennan dijo:
“Los niños que son demandantes en estos casos, son miembros especiales de esta clase marginal. Quienes eligen entrar a nuestro territorio de forma clandestina y en violación de nuestra ley, deberían estar preparados para asumir las consecuencias; incluida, pero no limitada a la deportación. Pero los niños de esos entrantes ilegales no tienen una situación comparable”.
“Incluso, si el Estado hallase conveniente el controlar la conducta de los adultos mediante las acciones llevadas a cabo contra sus hijos, la legislación que dirige la carga de la prueba de una mala conducta de un padre contra sus hijos, no coincide con las concepciones fundamentales de justicia”, añadió el juez Brennan.
