La disputa entre empresas y organizaciones civiles por la siembra de maíz transgénico no es un caso cerrado en México. La resolución de un magistrado negó la posibilidad de sembrar con fines comerciales el grano genéticamente modificado en este momento, pero le abrió la puerta a su siembra en etapa experimental.
El pasado 8 de marzo, el Décimo Segundo Juzgado Federal en Materia Civil, con sede en la Ciudad de México, abrió un nuevo capítulo en la lucha por el maíz, al emitir su fallo en cuanto el levantamiento de la suspensión de permisos para siembras experimentales y en programa piloto, así como la negación de la etapa comercial del Organismo Genéticamente Modificado (OGM). Decisión que parece otorgar victorias parciales a ambas partes.
La decisión del magistrado es importante para las organizaciones que se oponen a la siembra del grano transgénico en México, ya que privilegia el argumento de que la siembra comercial se debe mantener suspendida por comprobar que hay presencia ilícita de transgénicos en maíces nativos, explica René Sánchez Galindo, abogado y director de la Asociación Civil Colectivas.
Mientras que para las empresas la resolución judicial que permitiría la siembre experimental reconoce que la biotecnología no representa peligros para el medio ambiente ni una amenaza para las variedades de maíz, explica Alejandro Monteagudo, presidente ejecutivo y director general de AgroBio México, asociación que representa a firmas como Monsanto y Syngenta.
Por un lado, las firmas defienden la implementación de la biotecnología en el país frente a la necesidad de alimentos, mientras que las organizaciones civiles intentan preservar al maíz mexicano como centro de origen del grano.
En México, se produjeron 22 millones de toneladas de maíz blanco en el periodo de octubre de 2014 a septiembre del año pasado, de las cuales 12 millones se utilizaron para consumo humano, de acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). Un alimento de peso en la alimentación de la población mexicana.
Asimismo, el país importó un total 803,000 toneladas en el periodo mencionado antes, dice la Sagarpa.
Aunque las organizaciones no gubernamentales (ONG) y parte de la comunidad científica se oponen a adoptar la biotecnología en el campo por temor a perder 59 razas y más de 1,000 variedades de maíz nativo, así como la posibilidad de daños a la salud de los consumidores.
La batalla legal continúa y parece ser que se prolongará en el mediano plazo. Hoy, las dos partes del conflicto se sientan a conversar con Alto Nivel y explican la importancia para ambas partes de esta nueva resolución que divide opiniones.
A favor
La lucha legal por el maíz transgénico no es un asunto nuevo. En julio de 2013, organizaciones civiles presentaron una demanda colectiva para suspender de forma definitiva la entrega de permisos para la siembra de maíz genéticamente modificado en todas sus etapas: experimental, piloto y comercial.
Ese mismo año, la autoridad judicial dictó una medida precautoria que prohibió la siembra del grano modificado en todas sus modalidades, aunque en 2015 el mismo Juzgado Décimo Segundo en Materia Civil dio marcha atrás a la medida, por lo que la colectividad apeló la resolución que el pasado 8 de marzo tuvo respuesta.
Alejandro Monteagudo ha sido una de las personas que ha seguido de cerca la historia legal. “Es un hecho importante dentro de este proceso legal en el que hemos estado inmersos desde hace casi dos años y medio”, dice el representante de AgroBio.
La siembra experimental es un avance desde el lado en el que se encuentra el abogado de las empresas, ya que permite, dice, la continuación de la investigación científica y privada.
Además, plantea la necesidad de reducir los costos de la importación de maíz, principalmente de Estados Unidos, que representa cada año un gasto cercano a los 40,000 millones de pesos (mdp).
“Desafortunadamente todo el análisis que la autoridad hizo sobre estas siembras no llegó a beneficiar lo que son las siembras comerciales, puesto que se mantiene su suspensión. Creemos que nos quedamos cortos con una resolución que aún nos resulta útil”, dice.
Por ahora, el análisis de los próximos recursos legales es importante para continuar la estrategia. “Esta resolución privilegia la evidencia científica y en donde el Estado de Derecho prevalece, y de ahí creemos que es un procedimiento positivo en cuanto a cómo debe de valorarse esta evidencia científica en la toma de decisiones y ahora existe un pendiente en la siembra comercial”, explica.
En contra
La Fundación Semillas de Vida, Colectivas, AC, y la organización Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS) lograron que el Juzgado Federal Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil, con sede en el Distrito Federal, emitiera una medida precautoria que ordena a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) no otorgar permisos para la siembra de maíz transgénico en las escalas experimental, piloto y comercial.
Para René Sánchez Galindo, la decisión que ha tomado el magistrado es una decisión muy importante, ya que privilegia el argumento de que la siembra comercial se debe mantener suspendida por comprobar que hay presencia ilícita de transgénicos en maíces nativos.
La siembra de maíz sí tiene mecanismos de contención, pero sólo se ordenó un procedimiento judicial para la siembra comercial y consta de cuatro etapas distintas a la ley, lo que da a la colectividad una oportunidad de evaluar el comportamiento de la siembra experimental que jamás ha estado sometido al escrutinio público, explica el presentante de Colectivas, AC.
La colectividad se encuentra atenta a la decisión por la que opten las empresas de impugnar o no la decisión de no autorizar la siembra comercial, para mover sus piezas y continuar en la lucha contra la siembra de maíz transgénico.
El valor potencial del negocio que tendrían las trasnacionales al comercializar las semillas genéticamente modificadas y los herbicidas ascendería a más de 2,200 millones de dólares (mdd) anuales, de acuerdo con cálculos de la UCCS.
¿Qué sigue?
Tanto empresas como la colectividad cuentan con tres semanas para decidir una impugnación. Lo cual podría traducirse en un procedimiento que lleve más tiempo en caso de acudir a nuevos recursos legales.
Las partes pueden recurrir a un juicio de amparo y su respectiva revisión, por lo que aún quedan dos instancias futuras.
Pero la siembra experimental no es un asunto totalmente aprobado, según la interpretación de René Sánchez. “El magistrado le dice al juez que ordene a Sagarpa que le pregunte a las empresas si insistirían en sembrar en la etapa experimental sabiendo que está suspendida la etapa comercial y que probablemente no habrá comercial después del juicio que en la actualidad se realiza”.
Además, resolución ordena a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) un análisis sobre impacto del glifosato en siembras y su impacto en la salud de los consumidores.
“Es muy importante esta parte de la resolución, porque la Cofepris nunca ha evaluado la siembra, porque sólo ha evaluado el consumo, mientras que la Semarnat también tendrá que analizar su impacto en el medio ambiente”, dice.
Cada mes se evaluará la siembra y si se comprueba que las medidas no son suficientes para contener a los transgénicos en un solo espacio, se cancelarán los permisos de la siembra en etapa experimental.
Por ahora, el abogado René Sánchez tiene claro la trascendencia que tiene la resolución legal en los siguientes pasos de la colectividad. “Lo importante es que se encontró presencia ilegal de transgénicos y el magistrado expresa en la resolución que hay que contener, y la etapa comercial es incontenible, porque no existen mecanismos legales para contenerlos y el experimental apenas se va a analizar si puede contener a los transgénicos”.
