Agentes federales de Estados Unidos estaban registrando la casa de Walter y Christina Liew en esta ciudad en julio del año pasado, en busca de pruebas de espionaje corporativo, cuando les llamó la atención la llave de una caja de seguridad. Le preguntaron a Christina Liew si sabía dónde estaba el banco. Su marido le dijo en chino que respondiera que no sabía, según la versión de los fiscales.
Un agente que entendía el idioma captó el diálogo entre la pareja y decidió seguirla cuando salió de casa, se dirigió a un banco en Oakland y trató de vaciar una caja de seguridad en la cual encajaba la llave. La caja, según los fiscales, contenía documentos que delineaban un plan de más de 10 años para robar secretos del gigante químico DuPont Co. y venderlos a una firma estatal china.
Los Liew están en el corazón de un caso que, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, es el primero en el que las autoridades presentan cargos penales de espionaje contra una compañía estatal de otro país. La empresa, Pangang Group, se defiende de las acusaciones, las cuales fueron reveladas el mes pasado. Los Liew han sido acusados de conspirar para robar secretos comerciales, pero se declaran inocentes.
Las alegaciones giran en torno a un producto químico casi desconocido y una tecnología de 50 años que está lejos de ser de punta, pero que DuPont ha tratado de mantener en secreto durante décadas.
El caso, descrito por personas familiarizadas con sus detalles y revelado por documentos examinados por The Wall Street Journal, ofrece una oportunidad poco común de ver desde dentro la iniciativa emprendida por el gobierno estadounidense para combatir los esfuerzos organizados de gobiernos extranjeros para robar propiedad intelectual de EE.UU.
«Lo que aprendimos desde el fin de la Guerra Fría es que cuando la economía está en juego, nuestros adversarios e incluso nuestros aliados nos espiarán cuando convenga a sus intereses económicos», dijo Frank Figliuzzi, director asistente de contrainteligencia del FBI. El agente no quiso referirse al caso que implica a Du- Pont, pero indicó que, en general, el FBI está reforzando las investigaciones de espionaje corporativo porque, a pesar de que trata desde hace años de concientizar a las empresas y procesar a los ladrones de secretos comerciales, el problema ha ido en aumento.
Desde la aprobación de una ley en 1996 que le dio al Departamento de Justicia amplias facultades para demandar a espías empresariales, el número de procesos sigue siendo bajo, a pesar del anuncio de castigos más severos contra los delitos de espionaje corporativo. Las condenas son difíciles de obtener porque requieren que se asocien las empresas directamente a gobiernos extranjeros, explica Patrick Rowan, un ex fiscal de seguridad nacional.
Lisa Monaco, fiscal adjunta de seguridad nacional, que tampoco quiso comentar sobre el caso Du- Pont, señaló que, mientras que el espionaje se asocia tradicionalmente a países que intentan robar secretos militares o diplomáticos, «el espionaje actual también involucra a países como China, concentrada en robar investigación y desarrollo, alta tecnología, secretos comerciales corporativos y otros materiales para expandir su poderío económico y militar».
China niega a menudo que su gobierno o sus empresas estatales promuevan acciones coordinadas de espionaje corporativo. En un nivel más amplio, China busca tener acceso a conocimiento técnico ya descubierto para crear compañías capaces de competir a nivel mundial a través de medios legítimos como forjar alianzas con otras empresas conjuntas. En un aspecto más polémico, China también ha insistido para que sus socios extranjeros compartan su tecnología a cambio de acceso al mercado. Muchas multinacionales en China están tan preocupadas por el robo de propiedad intelectual que evitan llevar sus tecnologías y procesos de manufactura de punta al país.
Agentes del FBI denuncian que muchas compañías de EE.UU. no toman suficientes resguardos para proteger sus intereses: no monitorean a sus empleados y raramente acuden a la policía por temor a la publicidad negativa.
No es el caso de DuPont. El grupo químico contrata a ex policías federales para vigilar su propiedad intelectual y alerta a las autoridades cuando detecta un problema. En los últimos años, el Departamento de Justicia ha ganado al menos cuatro casos relacionados con DuPont, entre los que figura la condena en 2009 de dos de sus ex empleados: uno por robar información sobre la fibra de alta resistencia Kevlar y pasarla a una empresa coreana y otro por robar secretos sobre diodos emisores de luz y llevar los documentos a China.
DuPont trata de proteger con igual celo tanto sus nuevas tecnologías como las antiguas. Hace más de 50 años que la empresa sentó la base para un proceso eficiente para producir dióxido de titanio, un pigmento blanco usado en pinturas y otros productos, según documentos en poder del tribunal. La compañía perfeccionó el proceso a lo largo de los años, convirtiéndose en el mayor productor del químico en el mundo. Para conservar el secreto, DuPont permitió que la mayoría de sus empleados sólo conociese una parte de todo el proceso.
Las estatales chinas, incluyendo Pangang, negociaron durante años con DuPont la formación de una alianza para fabricar titanio en China, aseguran fuentes al tanto, pero nunca lograron un acuerdo.
En los años 90, Pangang y funcionarios chinos empezaron a pedirles a los empresarios que obtuviesen los métodos exclusivos de producción de titanio de DuPont, según documentos confiscados a Walter Liew en Orinda a mediados de 2011, y desde entonces archivados en un tribunal.
Un vocero de la embajada china en Washington dijo que tal afirmación «carece de fundamento». «Es imposible que hubiera algún tipo de instrucción o solicitud a empresarios chinos. Éstos actúan por su propia cuenta», aseveró. Agregó que el caso de DuPont es una disputa de negocios y que los empresarios involucrados «no están ligados de ninguna manera al gobierno chino».
Pangang no respondió a una solicitud en busca de comentarios. Un ex presidente de la junta directiva negó que la empresa tuviera algo que ver con propiedad intelectual robada.
Uno de los documentos obtenidos durante la redada en casa de los Liew y que ahora es parte del caso es una carta que Walter Liew dirigió en 2004 a directores de Pangang, en la que dice que un líder de alto perfil del Partido Comunista chino le solicitó en 1991 que consiguiera los secretos sobre la fabricación de dióxido de titanio a China.
«Hace algunos años, China me informó que necesitaba urgentemente la tecnología de cloración de dióxido de titanio», decía el documento. «Después de muchos años acompañando su investigación y aplicación, mi empresa tiene la posesión y conocimiento del proceso completo de DuPont».
En una declaración jurada en el tribunal, Liew, un malayo de 54 años nacionalizado estadounidense y que trabajó en Silicon Valley como ingeniero eléctrico, manifestó que «esos documentos no son exactos ni confiables». Liew aseguró que faltó a la verdad sobre sus antecedentes laborales y sus relaciones con las autoridades chinas.
Un abogado de Liew afirmó durante la vista para fijar la fianza, que su cliente no había dicho la verdad en algunos documentos citados por el gobierno, incluyendo propuestas de negocios que promocionaban sus lazos con miembros del Partido Comunista chino.
Hong Jibi, el ex ejecutivo de Pangang al que estaba dirigida la carta, dijo que no sabía quién era Liew. «No lo conozco, nuca me encontré con él, nunca negocié con él y nunca recibí ninguna carta de él», insistió Hong en Beijing.
Los fiscales también han presentado ante el tribunal cartas que presuntamente habría escrito Liew, en las que reconoce haber vendido la tecnología de dióxido de titanio de DuPont a varias firmas afiliadas al gobierno chino.
Las empresas de Liew recibieron, entre 2009 y 2011, más de US$12 millones de una subsidiaria de Pangang por sus esfuerzos, alegan los fiscales en su acusación contra los Liew. La pareja «desvió millones de dólares en pagos de Pangang Group a familiares de Christina Liew» en China, asegura la acusación.
En 2010, DuPont recibió una carta anónima asegurando que Walter Liew y uno de sus empleados, que también trabajaba para Chevron Corp., habían vendido información de DuPont a una empresa china, según los documentos del caso.
Chevron inició una investigación después de que DuPont la informara y registró la computadora del empleado, llamado John Liu. Encontraron evidencia relacionada a la tecnología de DuPont, según los documentos legales. El abogado de Liu observó que no se han presentado cargos en contra de su cliente. Fuentes cercanas indicaron que Liu ha colaborado con los fiscales.
Chevron entregó en marzo la información confiscada de la computadora de Liu a DuPont, que a su vez se la pasó al FBI, aseguraron fuentes al tanto.
DuPont también presentó una demanda civil contra Liew, alegando el robo de secretos comerciales. En su respuesta, Liew negó que él y sus socios tuvieran secretos comerciales de DuPont y sostuvo que el método para producir dióxido de titanio de la empresa «no era único». A su vez, presentó una contrademanda acusando a DuPont de haber obtenido ilegalmente sus secretos comerciales. Ese caso sigue en trámite.
DuPont señala que la acción legal «demuestra que DuPont reacciona con rapidez y energía cuando sus secretos comerciales están siendo robados. Cuando nos enteramos del presunto hurto, investigamos hasta tener la información suficiente para presentar una demanda. También pusimos al corriente a las autoridades».
El 19 de julio, agentes del FBI se presentaron en casa de los Liew, a unos 40 kilómetros de San Francisco, con una orden de registro. Fue entonces que un agente siguió a Christina Liew hasta una caja de seguridad que contenía documentos y discos duros, escribieron el mes pasado los fiscales en un documento en el que se opusieron a la fianza para Walter Liew. La pareja fue acusada de obstrucción a la justicia y quedó presa.
Los fiscales siguieron adelante con los preparativos del proceso contra los Liew y los demás y, a principios de febrero, presentaron una acusación que incluía a Walter y Christina Liew; Pangang Group y tres empresas afiliadas; un ejecutivo de nivel medio de una filial de Pangang en China para quien, según el documento, se expidió una orden de arresto y prisión; y otro ex ingeniero de DuPont, Robert Maegerle. Todos fueron acusados de conspirar para cometer espionaje económico salvo Maegerle, quien fue acusado de conspiración para cometer robo de secretos comerciales. El ejecutivo se declaró inocente la semana pasada.
Los abogados de Pangang Group dijeron que los fiscales tendrán que acudir al sistema judicial chino para llevar a cabo la acusación, y están batallando en los tribunales. De momento, no han presentado una apelación.
Christina Liew se declaró inocente el viernes. Su marido tiene la intención de hacer lo mismo, dijo su abogado. Walter Liew permanece en una prisión en el distrito de Alameda, donde está desde la redada en su domicilio.
Fuente: Reforma.com
Por: Justin Scheck y Evan Pérez. Kersten Zhang y Carlos Tejada contribuyeron a este artículo.
Publicada: 13 de marzo de 2012.
