El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Entidad de las Naciones Unidas para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres (ONU Mujeres), convocaron a instituciones del Estado, cuerpo diplomático y representantes de la ONU presentes en el país, con el objetivo de compartir los resultados del estudio “Violencia y feminicidio de niñas y adolescentes”[1] y generar un diálogo que construya rutas de colaboración para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas en México.
Asistieron representantes de la Secretaría de Gobernación; del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; de la Secretaría de Salud; del Consejo Nacional de Población (CONAPO); del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES); del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; del Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (CONAPRED). También se contó con la presencia de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; la Delegación de la Unión Europea en México; la Embajada de Irlanda; la Embajada de Canadá; la Embajada de Suecia; USAID México; y varias agencias de la ONU.
En la reunión se presentó el análisis de los datos sobre violencia y feminicidio de niñas y adolescentes en México. A lo largo de sus vidas, las mujeres, las niñas y las adolescentes sufren diversos tipos de violencia en todos los ámbitos: en el hogar, en el espacio público, en la escuela, en el trabajo, en el ciberespacio, en la comunidad, en la política y en las instituciones. Este continuum de violencia surge de la discriminación y la desigualdad de género.
El porcentaje de atenciones por violencia sexual registrada por la Secretaría de Salud es cinco veces mayor en las niñas que en los varones menores de 18 años; de 2011 a 2016 en comparación con otros grupos de edad, el porcentaje de necropsias practicadas a niñas menores de 5 años fue el más bajo; el análisis muestra que en 2016 ocurrieron 276 Defunciones Femeninas con Presunción de Homicidio (DFPH) lo que representó una tasa de 1.4 DFPH por cada 100 mil niñas y adolescentes, mientras que en 2017 se incrementó el número a 341 DFPH con una tasa de 1.7; las niñas menores de 5 años son las que presentan los niveles más altos de violencia familiar en el periodo de 2011 a 2017, con excepción de 2016[2].
Estos datos son algunos resultados del estudio sobre “Violencia y feminicidio de niñas y adolescentes” de ONU Mujeres[3], el cual busca ser una herramienta que brinde insumos para el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas para eliminar la violencia contra las niñas y las adolescentes, desde un enfoque de derechos humanos.
Asimismo, se abordó que es fundamental que todas las estrategias en contra de la violencia de género y los feminicidios incorporen transversalmente un enfoque de género y de derechos de la infancia; se propongan acciones intersectoriales para prevenir y atender todas las formas de violencia en contra de ellas; asignen responsabilidades específicas a las instituciones sectoriales de protección y justicia; y provean los recursos financieros, materiales y humanos suficientes para implementar la estrategia.
En este sentido, las agencias de la ONU resaltaron que la violencia contra las mujeres y las niñas para el Sistema de Naciones Unidas es un tema de la mayor relevancia y es por ello que han establecido líneas de trabajo para contribuir a la prevención, atención y erradicación de este problema. Como parte de estas líneas y en conjunto con la Unión Europea, buscan implementar la iniciativa Spotlight que tiene por objetivo la reducción de los feminicidios en el país, con un énfasis en el ámbito municipal y buscando coordinar las diferentes acciones gubernamentales y el acompañamiento de las organizaciones de la sociedad civil.
Comunicado de prensa.
