El CCE advierte que el sistema nacional contra la corrupción debe poseer facultades, recursos y autonomía para que sea eficiente.
Al iniciar el último periodo de la LXII Legislatura, el sector empresarial exhorta al Congreso a cerrar con broche de oro los trabajos con la aprobación de un sistema nacional anticorrupción que tenga “dientes”, pues advierte que sin un combate eficaz a la corrupción, se pondrán en riesgo a las reformas estructurales.
Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), acotó que en consistencia con lo ya logrado en la actual Legislatura, deberá ser aprobada la ley contra la corrupción antes de que concluya abril.
En su mensaje semanal, La voz del CCE, Gutiérrez Candiani refirió que la ley para atacar la corrupción deberá contar con facultades, recursos y autonomía institucional para que dé resultados.
“La actual Legislatura ha quedado a deber, al postergar asignaturas como la reforma contra la corrupción y la impunidad, que era un compromiso del Pacto por México, al igual que demanda primordial de la sociedad y de los empresarios”, aseveró.
El líder empresarial recordó que la Iniciativa Privada (IP) asumirá parte de la responsabilidad del aumento de la corrupción y para ello, dijo, se puso en marcha el código de ética contra el soborno y actos ilícitos para frenar el fenómeno.
No obstante, corresponde a las autoridades poner sanciones y penas a la corrupción.
“Los ciudadanos y el sector empresarial demandamos que la clase política se ponga a la altura del mayor reto que tenemos para que este país progrese: abatir la corrupción y la impunidad; romper el mito de que hay que aprender a vivir con estos males y resignarse al atraso, la injusticia y la desigualdad, la descomposición y conflictividad social que generan”, abundó.
También, el presidente del CCE indicó que existen varios pendientes como la desvinculación del salario mínimo como unidad de cuenta para cuestiones no laborales, “lo cual resulta fundamental para poder avanzar en el diálogo sobre alternativas para que éste recupere el poder adquisitivo reclamado por la Constitución”.
Recordó que la minuta está en el Senado y se ha avanzado bastante en los acuerdos, aunque aún hay cuestiones críticas que deben precisarse.
Otro pendiente, enumeró, es el paquete de reformas de seguridad pública, contemplando las iniciativas presentadas por el Ejecutivo federal, el 27 de noviembre, en su Decálogo para mejorar la seguridad, la justicia y el Estado de Derecho.
“En seguridad pública, destaca la iniciativa de desaparecer las policías municipales y crear mandos únicos a nivel estatal, que pueden ayudar a revertir la fragilidad del eslabón más débil en materia de gobernabilidad y en su capacidad para hacer frente a la delincuencia”, urgió.
Plantea la Canacintra
Recorte presupuestal debe ligarse a ejecución eficiente del gasto
Los industriales de la transformación del país plantearon al gobierno federal acompañar el ajuste al gasto corriente con la revisión exhaustiva de las reglas de operación de diversos programas gubernamentales, así como mecanismos de transferencias e instrumentar un plan de reactivación de la productividad de México.
Rodrigo Alpízar Vallejo, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), consideró urgente instalar una mesa de diálogo para tomar en consideración estos mecanismos que conlleven a un mejor manejo del gasto federal.
“Los industriales percibimos que es indispensable acompañar este ajuste con un movimiento estratégico por la Secretaría de Hacienda, colocando al equipo de la Unidad de Productividad Económica (UPE) al frente de un área clave para la banca de desarrollo como es Banobras, pues ha sido un canal fundamental de interacción del gobierno federal con las cámaras, las principales universidades del país y los sindicatos”, destacó.
Ante la perspectiva de que los precios del petróleo se mantengan bajos y se incrementen las tasas de interés en los siguientes años, se ha iniciado desde ahora una revisión a la estructura del gasto público de tal forma que permita una reingeniería al interior de la Administración Pública Federal para la elaboración del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2016, y éste es el momento de replantear la hacienda pública en su conjunto.
Se exhorta a los hacedores de políticas públicas a generar una mesa de diálogo para revisar a fondo tres puntos fundamentales: primero, las limitantes a la efectividad en la dispersión del gasto y las reglas de operación de los diversos programas; en segunda instancia, los mecanismos de transferencias; y como un tercer eje, la instrumentación del plan de reactivación inherente a la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad.
Fuente: El Economista
