Académicos y autoridades coincidieron en la necesidad de impulsar el diálogo entre comunidades, Gobierno y empresas, en torno a la construcción de proyectos eólicos en el Istmo de Tehuantepec.
El libro «La visión de los actores sociales frente a los proyectos eólicos en el Istmo de Tehuantepec», presentado hoy, apunta que en los últimos diez años se instalaron 15 parques eólicos en la región sin haber hecho una consulta pública.
Además, critica que el Gobierno de Oaxaca jugó un papel de promotor de empresas en lugar de desempeñarse como garante social, lo cual provocó la desconfianza social.
Entre otros efectos, también impulsó la corrupción a nivel local entre desarrolladores y autoridades.
«Tiene que haber un diálogo permanente entre los actores sociales, los empresarios, las autoridades e instituciones. Mientras eso esté suelto, cada quien negociará por su parte lo que pueda», consideró Salomón Nahmad, coordinador del libro, durante la presentación del mismo.
Recordó que la energía renovable es vital para el desarrollo del País, lo cual debe impulsar el diálogo entre los actores.
Claudia Pastor, gerente de la Coordinación Regional y de Oficinas Nacionales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), consideró que la oposición de la población a la construcción de proyectos eólicos se debe a una desinformación sobre los mismos.
Durante su intervención, dijo que los desarrolladores de proyectos no han sabido acercarse a las comunidades, mientras que el Estado no ha realizado su labor de informarles e incluirlos en la discusión.
«No es oposición por oposición. Parece que está mezclada una deuda histórica del Estado, un temor por el abuso, una necesidad de estructuras correctas de negociación equitativa y proporcional. La oposición radica en una mala implementación de la política pública (…) la falla está en desinformación y desconocimiento», señaló.
Katia Puga, Directora General Adjunta de Evaluación de Impacto y Consulta de la Secretaría de Energía (Sener), aseguró que desde el Gobierno federal hay una voluntad por mejorar los procesos de diálogo, así como por hacer consultas publicas desde un punto de vista de respeto a los derechos humanos.
Fuente: Reforma
