Una agencia anticorrupción sin independencia absoluta del Poder Ejecutivo y acceso a toda la información levantará siempre dudas, advirtió ayer el juez Baltasar Garzón.
«Tendría que avanzarse en la creación de una agencia independiente contra la corrupción, con un periodo de tiempo absolutamente independiente y el acceso a cualquier información y habilidades que podrían derivar después en acciones por parte de los procuradores de justicia», afirmó vía telefónica el letrado español.
«Pero no debe de interferir el Poder Ejecutivo en el ámbito de la acción de la justicia en ningún caso, llámese México o llámese España, o cualquier otro país. Si no se hace así, siempre habrá dudas sobre la parcialidad», destacó.
El próximo martes 24 de febrero, se discutirá en México una iniciativa para la creación de un sistema nacional anticorrupción que estaría compuesto por funcionarios que también se desempeñan en otras instituciones gubernamentales.
El juez Baltasar Garzón aclara la garganta al otro lado del teléfono tras dictar una conferencia en el Auditorio Guelaguetza de Oaxaca, al cual regresará después de esta corta conversación telefónica, como invitado de la Congregación Mariana Trinitaria en su 18 aniversario.
Baltasar Garzón saltó a la fama por enjuiciar al dictador chileno Augusto Pinochet por genocidio y lograr que fuera arrestado en 1998.
El litigante español está familiarizado con casos de corrupción y conflictos de interés: encabezó la indagatoria de una red de sobornos que involucra a empresarios y políticos del oficialista Partido Popular español en 2009. La investigación le valió una sanción que no le permite ejercer en España hasta 2021.
«El juez, el fiscal, los funcionarios que investiguen la corrupción tienen que estar dispuestos a asumir todas las consecuencias, incluso las más negativas para ellos, y continuar la indagatoria, (pues) la justicia tiene una importante responsabilidad para transmitir, por una parte, que no importa el grado de importancia política o económica de la persona para que responda y, por otro lado, que debe hacerlo de una manera eficaz y rápida», elabora el juez respecto a su investigación del llamado Caso Gurtel.
– ¿Qué sucede cuando las averiguaciones son rápidas, pero, para las víctimas, no eficaces?, se le pregunta en referencia a los reclamos sobre la pesquisa de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre Ayotzinapa, caso que él mismo dijo podría ser considerado crimen de lesa humanidad.
«Las instituciones, en concreto la procuración de justicia, tienen que tomar la iniciativa en la investigación de este tipo de crímenes. No se puede dejar a la inercia de los acontecimientos.Yo creo que la justicia se tiene que exigir aquí y producir aquí.
«Hoy día las cosas ya no son sólo nacionales, puede haber instancias internacionales, no sólo judiciales sino políticas y diplomáticas, a las que no debemos dejar de acudir para denunciar esos hechos. Muchas veces, esa denuncia va a determinar que se ponga la lupa sobre las propias autoridades, mexicanas en esta caso, si no demuestran que están ofreciendo una protección efectiva y eficiente».
El juez comienza de nuevo a aclararse la garganta, alistándose para regresar al Auditorio Guelaguetza, pero no cuelga sino hasta contestar una última pregunta.
– Como el abogado principal de Julian Assange, creador del sitio web Wikileaks que filtró en 2011 miles de documentos clasificados de los Gobiernos estadounidense y británico y quien se encuentra refugiado en la Embajada ecuatoriana de Londres desde entonces, ¿cómo ve la libertad de prensa en este momento?
«La libertad de expresión está amenazada de manera permanente por las acciones de agencias de inteligencia, de seguridad, de Gobiernos mal enfocados en cuanto al respeto de los derechos humanos. Se está tomando como enemigos a los que desarrollan el derecho de información y de obtención de la misma», comentó.
«Hay que avanzar en la protección integral de los derechos de los periodistas, informadores y los ‘whistleblowers’, para decir que no se puede imponer en contra del derecho del libre acceso a la información, protección a las víctimas y conocimiento de hechos delictivos».
Fuente: Reforma
