La Auditoría Superior de la Federación (ASF) busca fincar responsabilidades a una ex funcionaria de Luz y Fuerza del Centro (LFC) debido a que no ha podido comprobar en qué se gastaron más de 251 millones de pesos que estaban destinados a proyectos de la extinta paraestatal.
El órgano fiscalizador de la Cámara de Diputados inició el 23 de diciembre pasado cuatro procedimientos de responsabilidad resarcitoria contra Leticia Ladrón de Guevara, quien fuera gerente de contabilidad de LFC de 2002 a 2008.
De acuerdo con la indagatoria no existe documentación que compruebe el gasto de partidas ejercidas en 2006, que, en teoría, estaban asignadas a construcción y modernización de sistemas de distribución de energía, electrificación de colonias populares en Ecatepec, compra de herramientas y maquinaria y trabajos de la Subdirección de Fábricas y Talleres, entre otros rubros.
Tras abrir el procedimiento de responsabilidad el 23 de diciembre, la ASF está actuando con rapidez, pues emitió los citatorios para audiencia de defensa el 28 del mismo mes y, en la misma semana, los publicó por edicto en el Diario Oficial «ante la imposibilidad de localizar el domicilio» de Ladrón de Guevara.
Actualmente, la funcionaria aparece en el directorio de Distribuidora Conasupo (Diconsa) como subgerente de la Gerencia de Personal.
Si la Auditoría finca responsabilidad, Ladrón de Guevara estaría obligada a resarcir el monto del daño causado al erario, lo que, en la práctica, usualmente es imposible cuando hay grandes cantidades involucradas.
Las observaciones originales sobre irregularidades fueron formuladas a mediados de 2007 como resultado de la revisión de la cuenta pública del año anterior, y, tres años después, aún no había documentos para subsanarlas.
Por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación auditó el ejercicio de 840 millones de pesos asignados al proyecto Desarrollar y Construir Sistemas de Distribución en el Distrito Federal, que representó el 17 por ciento del presupuesto de Luz y Fuerza del Centro para inversión física.
Las irregularidades fueron múltiples, comenzando por el hecho de que el gasto original era de 519 millones de pesos, sin que la Secretaría de Hacienda hubiera autorizado el ejercicio de los 320 millones restantes.
El órgano fiscalizador de la Cámara de Diputados pidió explicaciones sobre una Orden de Construcción o Retiro (OCR) en este proyecto por 57.9 millones de pesos de la que no existía documentación comprobatoria.
La gerencia de contabilidad, a cargo de Ladrón de Guevara, respondió en agosto de 2007 que la OCR en realidad no tenía movimientos y que el ejercicio de los 57.9 millones se había registrado «por error».
Fuente: Reforma, Nacional, Primera Plana
Reportero: Víctor Fuentes
Publicada: 4 de dic de 2010
