2009 se despide con un resultado indigno en la esperada Cumbre Mundial sobre Cambio Climático y marca un punto de inflexión, para bien o para mal, en la lucha contra un fenómeno global que en España necesita de más medidas que la flamante Ley de Economía Sostenible.
Sí, lo tenemos que reconocer, la cumbre de Copenhague sobre el cambio climático ha sido un fracaso. Sobre todo un fracaso político: no se ha alcanzado, ni mucho menos, un compromiso ambicioso, justo y vinculante tal como lo pedía la sociedad internacional. El acuerdo de Copenhague, texto de tres páginas improvisadas en el último momento entre EEUU y China, es confuso, impreciso e inacabado.
Ni siquiera ha sido aprobado como documento oficial de Naciones Unidas por falta de unanimidad. Es un resultado indigno de un proceso que desde la Conferencia de Bali en 2007 ha implicado una multitud de negociadores internacionales en reuniones alrededor de mundo. Y si lo comparamos con la rapidez y magnitud de la respuesta internacional frente a la crisis financiera, el panorama es cruel y desalentador.
También ha sido un fracaso organizativo. A miles de observadores previamente registrados se les ha prohibió el acceso a la cumbre final. Este cambio de reglas es incomprensible en el marco de Naciones Unidades, ya que éste debería ser un modelo de funcionamiento democrático y transparente. Es escandaloso que Juan López de Uralde, director de Greenpeace España, esté todavía en prisión preventiva por una llamada a la acción pacífica durante una cena de los jefes de Estado. Nuestra imagen de Dinamarca como país abierto, respetuoso y ejemplar a muchos niveles ha quedado duramente manchada.
No obstante, hay razones para pensar que la cumbre de Copenhague, para bien o para mal, marca un punto de inflexión en la lucha contra el cambio climático. Primero, porque la sociedad civil se ha implicado a cuerpo y alma en el proceso de negociaciones. No solamente para exigir un acuerdo ambicioso, justo y vinculante, sino también a través de la sensibilización y divulgación de numerosos informes mejorando la comprensión del cambio climático y explorando soluciones innovadoras.
Las ONG han superado su papel tradicional de denuncia y presión para ser fuerza constructiva de propuestas bien argumentadas. Es un cambio radical que permite esperar una consolidación de la relevancia e impacto de la sociedad civil en los asuntos internacionales, más allá de los estados y de las organizaciones tradicionalmente representadas.
Segundo, porque ha puesto en evidencia de manera dolorosa las limitaciones de las Naciones Unidas como marco eficiente de negociación, decisión y ejecución de acuerdos complejos que exigen un esfuerzo importante por parte de los distintos implicados. Nos podemos preguntar si es realmente democrática la exigencia de unanimidad en una asamblea que cuenta con la participación de algunos gobiernos poco representativos de los intereses de sus ciudadanos o insensibilizados ante la amenaza global del cambio climático.
Tercero, porque ha quedado claro que dos países, EEUU y China, controlan de manera desequilibrada las negociaciones internacionales, sin tomar en cuenta el liderazgo que había asumido la UE en la lucha contra el cambio climático. Esperemos que la aplicación del Tratado de Lisboa y el desarrollo institucional de una política exterior fuerte permita posicionar realmente a Europa como actor – y por qué no, referente- imprescindible en la diplomacia internacional. África y otros países menos desarrollados son los grandes perdedores de este “no acuerdo”: sufrirán las peores consecuencias del cambio climático sin ni siquiera haber contribuido a ello.
Finalmente, por un destacado protagonismo de los gobiernos locales y regionales, con una voz creciente en un proceso que les afecta directamente. Actualmente más de la mitad de la población mundial vive en ciudades y algunas regiones, como California o Catalunya, tienen un PIB equivalente a un país desarrollado. Cabe también destacar las numerosas empresas visionarias que han entendido los riesgos y oportunidades de una transición hacia una economía baja en carbono y han apoyado públicamente las negociaciones.
A nivel español, queda todavía mucho camino por recorrer para estar a la altura del desafío que nos afectará duramente en los próximos años a través de sequías, inundaciones y pérdida de biodiversidad. La Ley de Economía Sostenible es un inicio todavía muy discreto para realmente cambiar un modelo económico destructor de empleo y del medio ambiente. Sin ir muy lejos, nos deberíamos inspirar en medidas vanguardistas como la tasa sobre el carbono aprobada en Francia o de los presupuestos de carbono aplicado en el gobierno de Reino Unido.
A medio plazo, será también necesario debatir profundamente sobre nuevos indicadores – más allá del PIB- que miden el bienestar nacional y preguntarnos si crecimiento es igual a prosperidad. Sobre todo, de manera práctica y local, deberemos reducir urgentemente nuestras emisiones de carbono repensando – y seguramente reduciendo – nuestra movilidad y racionalizando nuestro modelo de consumo – y por extensión de producción – basado muchas veces en compras impulsivas e innecesarias.
Al fin y al cabo, si todos y todas somos capaces de cambiar un poco nuestros hábitos de vida para reducir nuestro impacto ecológico, seguramente estaremos más cerca de un nuevo acuerdo internacional ambicioso, justo y vinculante para la lucha contra el cambio climático y la transición hacia un mundo más sostenible.
