Por Leopoldo Lara
Para administrar eficientemente cualquier empresa -ya lo decía Henry Fayol en su teoría de la administración clásica- el primer paso es planear. Este paso no distingue si la empresa es pública o privada, sin planeación no hay materia que administrar.
Según sus analistas -como Chiavenato- la teoría clásica define a la administración como “planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. La planeación involucra evaluar el futuro y su aprovechamiento”.
En México, desde los años veinte ha habido intentos, aunque aislados, por desarrollar mecanismos de planeación de la administración pública cuando se creó el Consejo Nacional Económico.
En la década de los treinta se expidió la Ley sobre Planeación General de la República que buscaba armonizar las actividades de las dependencias del gobierno para lograr un objetivo “ordenado y armónico”.
No fue sino hasta el sexenio de Miguel de la Madrid, cuando se expidió el primer Plan Nacional de Desarrollo, más o menos como hoy lo conocemos, producto de la Ley de Planeación de 1983. En ella, se establecen las normas y principios básicos para la planeación nacional; un mecanismo de coordinación llamado Sistema Nacional de Planeación Democrática; y las bases de coordinación en materia de planeación con los estados y con los grupos sociales.
De indicadores para medir el impacto y los resultados, no se hablaba en ninguna parte de la ley.
Apenas con las reformas de la primera década del 2000, se incorporaron conceptos como “criterios basados en estudios de factibilidad”, necesarios para que los recursos del presupuesto público pudieran ser asignados y se señalaran responsables y tiempos para su ejecución, a través de la coordinación de acciones y de la evaluación de los resultados.
Digamos que antes de ello era como planear “sin dientes”, sin manera de establecer si se iba por el camino correcto, mucho menos de corregirlo o de deslindar responsabilidades para quien se hubiera salido del guión.
Fayol debía estarse retorciendo en su tumba ante la “brillante” planeación pública en México.
Si logramos algunos avances en la economía, en el desarrollo social o en otras materias, no se debía a una correcta planeación, sino a los chispazos que algunos gobernantes demostraron o quizá a la suerte o incluso al amor bondadoso que nos ofrece nuestra guadalupana.
Hoy, por primera vez, se insertan indicadores en el Plan Nacional de Desarrollo “que reflejen la situación del país en relación con los temas considerados como prioritarios para darles puntual seguimiento y conocer el avance en la consecución de las metas establecidas y, en su caso, hacer los ajustes necesarios para su cumplimiento”.
La productividad en el trabajo; el desarrollo del gobierno electrónico; el índice de productividad global; la desigualdad de género; la tasa de victimización; el índice de integridad o la carencia de la población en pobreza extrema, son entre otros algunos de los indicadores que ya se presentan (por fin) en el plan del gobierno federal. Además, estos indicadores no surgieron del azar, fueron adoptados de diversas mediciones que llevan a cabo organismos y organizaciones expertas en el mundo sobre los temas previstos. Algunos consideramos que hace falta incluir otros índices, pero en general se ha trazado una línea de base oficial que incluye resultados de los últimos años en dichos índices. Ahora será indispensable que se actualice la información oficial y se incorporen los resultados de 2013 cuanto antes.
Si a eso se añade que existe ya un Sistema de Evaluación del Desempeño en México en fase de fortalecimiento, que tiene como objetivo constitucional evaluar que los recursos públicos sean administrados con “eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez”, entonces las expectativas son alentadoras.
¿Qué pasa en los gobiernos locales?
La mayoría de los estados han actualizado sus planes de desarrollo alineándolos a esta nueva tendencia nacional de incorporar indicadores.
Tamaulipas por ejemplo, ya lo hace, aunque omite precisar los antecedentes de los resultados de los años recientes en los indicadores que incluye, lo que dificulta su contraste.
En los municipios grandes, sólo Reynosa ha cumplido en tiempo con publicar la información de su plan en su página, incluyendo los indicadores que permitan evaluarlo, los demás siguen abiertos a recibir propuestas, cuando incluso ya fueron aprobados en sesiones de Cabildo.
Si tomamos en cuenta que los municipios son la base del desarrollo comunitario y que del correcto funcionamiento de sus gobiernos depende una mejoría en la calidad de vida de quienes los habitamos y una aportación importante para la competitividad del país y de las regiones, debemos exigir que esas estructuras públicas cumplan con los niveles de eficiencia y eficacia que la Constitución Política del país les impone.
No hacerlo, es vivir lo mismo de siempre.
José Leopoldo Lara Puente
Candidato a Doctor por la Universidad Complutense de Madrid, España, Leopoldo Lara Puente es un Notario Público tamaulipeco que se ha distinguido por ser promotor del capital social y del ejercicio de los ciudadanos en las acciones públicas. Fundador de diversas organizaciones de la sociedad civil y empresariales, actualmente es editorialista de un periódico de su localidad, desde donde nos comparte sus propuestas y experiencia ciudadana.
